CIUDAD DEL ESTE
Asentamientos y territorios sociales, ubicados en diferentes sectores del distrito de Ciudad del Este, esperan poder regularizar su ocupación, pero tropiezan con una serie de inconvenientes, entre ellas la falta de pago a los propietarios de los inmuebles, en los casos en que ya hubo desafectación. De los 84 asentamientos solo 12 están regularizados, otros 15 sus ocupantes lograron firmar el contrato con la Secretaría de Acción Social (SAS).
En los últimos 20 años la ocupación de propiedades privadas, así como franjas de protección de los dos principales arroyos cruzan la ciudad (Acaraymi y Amambay), se han afianzado y constituyen una franja poblacional de sintechos muy importante dentro de la capital departamental.
Gustavo Gaona, dirigente de los asentamientos urbanos, señaló que ellos quieren regularizarse, pero hay nuevas exigencias de la SAS que no se ajustan a la realidad del Municipio que está asentado geográficamente en una región con mucho desnivel.
SEPARADO. Acompañados de las autoridades municipales Gaona y otros 40 presidentes de asentamientos urbanos, se reunieron esta semana con Héctor Ramón Cárdenas, ministro de la SAS, a quien plantearon el problema. Dijo que se logró, por de pronto, evitar nuevos rechazos de proyectos y ahora se procederá a dividir. “Se continúan los trámites para los que están en zonas altas y los que están en zona baja se empezará a trabajar con la Comuna para dotarle de infraestructura de manera a hacerle habitable y así presentar un nuevo proyecto a partir de allí. El apoyo de la Municipalidad, que desde ya tenemos, será muy importante para nosotros”, afirmó Gaona. En principio pidieron que la nueva exigencia no sea vinculante para Ciudad del Este, pero se logró otro acuerdo que evitará que los proyectos sean rechazados.
LA SITUACIÓN. Gaona señaló que hay muchísimos asentamientos que fueron comprados hace 9, 10, 12 y 15 años y sus ocupantes no están pudiendo regularizar su situación debido a que aún no firmaron sus respectivos contratos. A esto se agrega que muchos inmuebles ocupados a pesar de haber sido expropiados por ley, no se procede con el pago indemnizatorio al propietario del terreno, razón por la cual tampoco se puede regularizar.
En total están registrados 84 asentamientos y muchos ya fueron comprados por la SAS, pero no están regularizados. Afirmó que también tienen dificultades con Senavitat y que esperan se resuelva. “Tenemos problemas con expropiaciones que salieron a favor de la Senavitat que tampoco se están pagando”, culminó.
