Aseguró que no están en contra del control de los fondos, sino de la normativa actual, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, ya que atenta contra los derechos de los trabajadores.
“Tenemos que hablar de la necesidad de ir diversificando las inversiones, coincidimos con eso. Nosotros no estamos en contra del control, como quiere hacer parecer el Gobierno. En lo que no estamos de acuerdo es en crear un ente que será un superpoder. No solo controla, sino que propone cambios, deja de lado las cartas orgánicas de las distintas cajas, puede intervenir, destituir y decidir dónde se puede invertir. Pueden decirnos que se va a invertir en obras públicas y dar los trabajos a empresas que no nos aseguran el retorno”, apuntó.
Montanía señaló como ejemplo que el Estado debe USD 500 millones desde la creación del Instituto de Previsión Social (IPS), sin tener en cuenta intereses que se podían haber generado, y que ya existen organismos de control que pueden hacer las verificaciones.
Por su parte, Rodrigo Gómez, también del Sitrande, mencionó que el temor es que los jubilados en el futuro queden sin recuperar su dinero, ya que no existen garantías.
