EFE
Según el último informe “Homofobia de Estado”, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), la protección y el reconocimiento a los homosexuales se da en los países del norte de América y algunos del Sur, Australia y la mayor parte de Europa.
En cambio, la criminalización a estos colectivos se extiende por buena parte de Europa Oriental, Asia, África -a excepción de Suráfrica, Seychelles y Cabo Verde-, y parte de Centroamérica y América del Sur.
En total, los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo en privado son legales -bien porque han sido despenalizados o porque nunca fueron criminalizados- en 124 estados (122 miembros de las Naciones Unidas, más Taiwán y Kosovo), en tanto que se consideran delito en 72.
En muchos lugares, además, los homosexuales, aunque no son perseguidos por la ley, si son objeto de rechazo social, discriminación e incluso acoso.
Entre los países que reconocen los derechos de los homosexuales solo nueve contemplan específicamente la no discriminación por razones de orientación sexual en sus constituciones.
En realidad, la mayor parte de los países del mundo no tienen una normativa que proteja los derechos de los homosexuales, aunque en los últimos años se han registrado avances significativos.
Existen, por ejemplo, 72 países que han aprobado leyes para garantizar la no discriminación en entornos de trabajo y 43 que cuentan con leyes contra los delitos de odio.
Las parejas del mismo sexo pueden contraer hoy matrimonio en 22 estados y hay otros 28 que admiten las uniones civiles, sin denominarlas matrimonio, pero con derechos similares.
Además, 26 países tienen leyes de adopción conjunta -Austria, Finlandia y algunos territorios de Australia han incorporado estos derechos a su legislación en el último año-; y otros 27 permiten adoptar cuando el hijo lo es de uno de los miembros de la pareja.
En el otro extremo se sitúa un importante número de países en los que los homosexuales se ven obligados a ocultar su orientación sexual, ven diezmados sus derechos, son encarcelados o incluso, pueden ser condenados a muerte.
Todavía hay 72 estados -un tercio de los que integran la ONU- que criminalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo (en 45 de ellos la ley se aplica tanto a mujeres como a hombres).
La pena de muerte para las relaciones homosexuales está vigente en ocho estados: Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán la aplican en todo el territorio; Somalia y Nigeria, en algunas provincias.
Además, la organización terrorista Estado Islámico castiga con la muerte a esas minorías sexuales en los territorios que controla en el norte de Siria y el noroeste de Irak.
En otros cinco países -Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania- la pena de muerte está técnicamente permitida por una interpretación de la ley islámica (Sharia), aunque no se aplica.
En otros lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde los 14 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Y en países del norte de África como Libia, Argelia o Marruecos, las leyes contemplan penas de entre tres y siete años de prisión.
El informe de la ILGA menciona también las informaciones, publicadas en abril de este año, sobre la persecución y asesinato de homosexuales en la república rusa de Chechenia, de mayoría musulmana.
En el último ránking europeo sobre la situación de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), se sitúan entre los primeros países: Malta, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia, Portugal y España.
