El diputado Ariel Oviedo, presidente de la Comisión Permanente, y los senadores Eduardo Petta, Mario Abdo Benítez, Enrique Bacchetta, Arnaldo Giuzzio y Carlos Amarilla recibieron a los directivos del consorcio Cedicor - Caminos Viales del Uruguay, con el fin de escuchar sus reclamos. Todos los congresistas mostraron su apoyo a la firma descalificada y exigieron que los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Público, más la Contraloría General de la República (CGR), investiguen el concurso, dado que se está privando al Estado de ganar USD 320 millones por cuestionamientos técnicos irrisorios.
Abdo Benítez expresó que ya se tenía conocimiento de irregularidades en el proceso, pero no se hizo nada al respecto, esperando que las fases se vayan cumpliendo normalmente. “La oferta de Cedicor es muy superior a las otras dos empresas. Ya hay un potencial daño al patrimonio del pueblo paraguayo porque esta compañía legalmente ya no puede competir, fue descalificada antes de presentar su oferta de canon. Por USD 1.500 dólares de una ventana o por USD 20.000 para ampliar el paso de la pista, consideramos que el Estado tiene que rever su postura para tratar de impedir este daño”, apuntó.
Añadió que el presidente Horacio Cartes, como el que defiende la transparencia, es el responsable para aclarar este proceso. Se debe anular la licitación, indicaron.
DELITOS. Por su parte, Amarilla y Bacchetta señalaron que son claros los indicios de que el estudio jurídico de Esteban Sarubbi Lutz, jefe de Gabinete del Ramón Jiménez Gaona, ministro del MOPC, asesora a la empresa oferente Vinci, y por ende Cartes tiene que tomar cartas en el asunto. De lo contrario, estará apañando el despojo al Estado. Los delitos penales que se pueden imputar son tráfico de influencias y lesión de confianza, comentaron los senadores.
“Había informaciones dentro del Gobierno de que la oferta de la empresa eliminada (Cedicor) iba a ser la mejor y buscaron cosas irrisorias para eliminarla, para permitir participar a una empresa que ofrece un monto irrisorio. Sabían todos acá. Sabía (Juan Carlos) López Moreira, sabía el ministro (Jiménez Gaona). Esto es más grave de lo que parece”, dijo Bacchetta.
Se sugirió a Cedicor que entable una demanda oficial por los perjuicios.
