La legisladora respondió así a lo señalado por la ministra de Hacienda, Lea Giménez, quien dijo que se deberá recurrir al recorte de programas sociales para poder hacer frente al pago del subsidio a los campesinos. Al tiempo de lamentar las expresiones de Giménez, la senadora dijo que sus declaraciones son una muestra de crueldad, informó TelediarioPy.
“Lo que tendríamos que hacer es echar mano a las consultorías, aumentar el IVA de la soja del 5% al 10% y sacar la palabra hasta el 20% del cobro del impuesto al tabaco y llevar del 12% al 20%", señaló la legisladora.
El Presupuesto General de la Nación destina aproximadamente USD 90 millones al pago de consultorías, que incluye la contratación de asesores políticos en dependencias estatales.
De acuerdo con lo señalado por Mignarro, son cinco las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo que deberán verificar que el desembolso del subsidio -de hasta G 51 millones para productores que cuentan con hasta 30 hectáreas- se aplique efectivamente para labriegos que contrajeron deudas para invertir en sus fincas, pero que no pudieron honrarlas por efectos del clima, entre otros.
Los principales argumentos de los promotores de las leyes fue la crítica situación del pequeño productor y el hecho de que se conceden subsidios a sectores poderosos, como transportistas y sojeros.
El Congreso sancionó la ley que declara emergencia nacional para la reactivación de la agricultura familiar campesina y la norma que otorga el subsidio, nombrada ley de rehabilitación financiera.
La ley que declara emergencia establece que las instituciones dependientes del Ejecutivo deberán tomar todas las medidas conducentes para cooperar con los campesinos que se dedican a la agricultura familiar. Según el texto aprobado, se contemplarán los siguientes aspectos: asistencia técnica y crediticia, acceso a servicios básicos, vivienda y tierra para las familias que se dedican a la agricultura.
El segundo proyecto contempla el subsidio por las deudas vencidas de los productores de la agricultura familiar campesina, siempre y cuando sean dueños de fincas que no superen las 30 hectáreas.
La suma a subsidiar será hasta 25 salarios mínimos por productor, que son G. 51 millones, indica el texto. La deuda debe guardar relación con la producción agrícola y los beneficios otorgados por la ley no privarán del derecho de ser sujetos a nuevos créditos.
