El monto solicitado es de un poco más de G. 3.749 millones y fue presentado por el propio titular del Congreso, Roberto Acevedo. De acuerdo a la documentación de la Cámara Alta, son 16 los funcionarios que estarían volviendo y que en total fueron 32 los que accedieron a la jubilación por recomendación del Ministerio de Hacienda.
“Ocurrió algo que creo que sentó un precedente, que no sé como se va a resolver. Acá el problema son los funcionarios que ya se jubilaron con la edad y el porcentaje. Vino el pedido de la Función Pública que estos se tienen que jubilar y la Corte les repuso”, dijo Masi.
Sostuvo que esta situación en su momento será insostenible, y que una de las firmantes que dio lugar a la acción fue la ministra de la Corte Miryam Peña. Alegó que ella fue la preopinante y que el precedente que se sienta es el bloqueo de las jubilaciones.
“No solamente bloqueó sino que nos obliga a que repongamos los salarios caídos y en el lugar en que estaban”, manifestó la legisladora.
En su argumentación para la presentación de la ampliación, Acevedo detalla los pormenores de la situación, y alega que varios de esos cargos son considerados de confianza y de carrera administrativa, y que ya han sido ocupados por otros funcionarios de la institución beneficiados con ascensos. Remarcó que será imposible devolver a los jubilados las líneas presupuestarias por lo que este aumento es una previsión necesaria para el próximo año.
Entre algunos de los que accionaron y fueron beneficiados con la medida judicial están Diego Bertolucci, cuyo cargo de asesor jurídico está ocupado por José Casañas Levi; Santiago Caballero, en cuyo reemplazo ingresó Norma Galeano en Comunicaciones, entre varios otros funcionarios.