Julia Patricia Alfonso se acercó a la Redacción de ÚH con el reclamo, argumentando que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4236, del 16 de octubre de 2015, se estipulan los montos, pero con la puntualización de que existe la irregularidad consignada, por lo que solamente por vía judicial ella podrá cobrar los 11.500 millones de guaraníes que la familia Alfonso aceptó recibir por la expropiación.
“Contestamos esa situación, pedimos un estudio desde la Dirección de Catastro y demostramos que no existe superposición por esos 800 m2 que argumentó el Ministerio de Obras Públicas (la propiedad completa, fracción B, es de 6,5 hectáreas), y la jueza Tania Irún aún no firma la sentencia por la que liberaría lo que nos corresponde de cobro”, explicó Alfonso.
Última Hora consultó con la Procuraduría General de la República, y la doctora Lourdes Ayala, quien lleva adelante el proceso dentro de la dependencia estatal, aclaró que la Procuraduría no interpuso ninguna objeción para el pago, ya que la superposición de títulos se detectó en Obras Públicas. “Solo defendemos al Estado, en este y otros casos”, señaló.
Destacó que los propietarios no tuvieron reparos en el precio, pero que había irregularidades en los títulos, y que en el ámbito de la jueza Irún se encuentra la decisión de pagar o no por ese terreno. “La Procuraduría siempre tramitó todo lo más rápidamente posible”, puntualizó.
