Estas se encuentran en los depósitos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), del Ministerio Público y de la Policía Nacional, según uno de los proyectistas, el senador colorado Arnoldo Wiens, titular de la Comisión Permanente.
Finalmente, luego de algunas intervenciones, se decidió por mayoría que primero se solicite un informe sobre la cantidad de droga incautada y los sitios en que estarían.
Esta moción fue planteada por el diputado colorado Óscar Tuma, y acompañada por el liberal Jorge Ávalos Mariño y Bernardo Villalba.
Este último había sido vinculado en una investigación con el narcotráfico, ya que fue abogado del hijo del supuesto narco Erineu Pingo Soligo.
El diputado Villalba había presentado incluso un proyecto de ley que prohibía la extradición o expulsión de paraguayos a países extranjeros.
Varios parlamentarios alegaron que esa propuesta apuntaba a favorecer a Carlos Sánchez alias Chicharô, y otros.
En su intervención, tanto Tuma como Villalba, alegaron que se tenía que pedir informes sobre la situación de los procesos y los jueces del caso para que sus antecedentes sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por incumplir la ley.
48 horas para destruir. Wiens recordó que el Código Procesal Penal establece que los magistrados dispondrán la destrucción de plantaciones e incineración de drogas dentro de las 48 horas de su incautación, y que se tiene que extraer lo que se requiera para que sirva de evidencia para el proceso judicial.
“Me tocó recorrer muchos lugares, donde funcionarios están en situación laboral insalubre por olor a marihuana humedecida, enmohecida, miles y miles de kilos acumulados. Las fuerzas del orden público deben estar cuidando para que no se sustraiga ni se use para otros fines”, manifestó Wiens.
Tuma sostuvo que sería importante conocer la cantidad de toneladas de droga existentes, y que no se termine quemando pasto por apuro.
Wiens mencionó que ya hicieron pedidos de informe, pero que no había inconvenientes en actualizar datos.
“Si no se quemó es responsabilidad jurisdiccional del juez y debe ser sometido al Jurado por incumplimiento o desconocimiento de la ley”, consideró Villalba.
Se votó para que el pedido de informe sobre los distintos casos vaya a la Fiscalía, la Senad y la Policía Nacional.