13 jul 2026

Sandra Quiñónez, elegida de Cartes para fiscal general del Estado

El presidente de la República, Horacio Cartes, eligió a la fiscal antisecuestro Sandra Quiñónez para ser la nueva titular del Ministerio Público. La misma debe tener el acuerdo de la Cámara de Senadores.

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La fiscala Sandra Quiñónez. Foto: Gentileza

Cartes remitió este lunes el documento por el cual solicita el acuerdo constitucional para el nombramiento de la fiscal Sandra Quiñónez como nueva titular del Ministerio Público, en reemplazo de Javier Díaz Verón, cuyo mandato ya feneció.

El mandatario recibió el pasado 28 de agosto la terna de candidatos de parte del Consejo de la Magistratura. Estaba integrada por el actual fiscal general, Javier Díaz Verón, y las fiscalas Sandra Quiñónez y María Victoria Acuña.

Tras la elección del mandatario, ahora corresponde a la Cámara de Senadores dar su acuerdo constitucional, según lo establecido en el artículo 269 de la Constitución Nacional. Se especula que la propuesta del jefe de Estado es la que tendría mayor aceptación entre los legisladores.

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El proceso para la elaboración y selección de la terna fue ampliamente criticado por sectores de la oposición y por el Colegio de Abogados. En su momento mencionaron que los nombres sugeridos fueron a medida del oficialismo colorado.

Por medio de un comunicado, el Colegio de Abogados del Paraguay manifestó que la terna para el puesto de fiscal general del Estado no se hallaba a la altura de las altas expectativas ciudadanas.

Antecedentes. Quiñónez se desempeñó como asistente fiscal entre 1994 y el año 2000. Desde el año 2000 hasta la actualidad ejerce como agente fiscal penal. Es egresada de la Universidad Nacional, tiene 48 años.

La posible Fiscal General del Estado, formó parte de la Fiscalía Antisecuestro. Investigó crímenes perpetrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También estuvo a cargo del conocido caso de Pérez Corradi, hombre buscado por la argentina, y del crimen del comunicador Pablo Medina y Antonia Almada.

Su postura sobre el acceso a la información privada sin orden judicial fue motivo de discusión y críticas. La misma sostiene que no se requiere orden judicial para acceder a los metadatos por parte de empresas telefónicas.

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