Afirmó que cada vez saltan más irregularidades. “Estamos revisando y estamos encontrando cada vez cosas más nuevas (...)”, dijo.
Ya una auditoría interna detectó erogaciones por más de USD 110 millones para el pago a supuestas “víctimas de la dictadura”.
Godoy Servín se encontró además con denuncias por lesión de confianza y estafa, por G. 5.000 millones, “donde supuestas víctimas del stronismo resultaron, según los términos de las denuncias, ser los garroteros”.
El funcionario indicó que actualmente se encuentran impulsando estas denuncias, que al parecer, quedaron cajoneadas en el Ministerio Público.
Así también impulsarán otra denuncia por lesión de confianza y estafa por G. 1.700 millones, “donde aparecen inclusive documentos falsos que acreditan el supuesto soporte del testimonio del monseñor Melanio Medina y que es desmentido (...)”, expresó.
Páez Monges ordenó en innumerables veces la indemnización a supuestas “víctimas del stronismo”, aún cuando dictámenes vinculantes de la Procuraduría General de la República habían recomendado desistir de dichos pagos.
Es así que inclusive torturadores del régimen stronista llegaron a percibir jornales que se traducen, entre G. 140 millones y G. 230 millones.
Según dijo, en algunos casos ni siquiera existen testimonios, ni hábeas data. Personas que estuvieron un día en el calabozo, de repente saliendo de una fiesta.
Actualmente, la Contraloría General de la República se encuentra realizando una auditoría y un corte administrativo en la institución.
El ente contralor recientemente confirmó las denuncias que hacía este diario en octubre de 2015 sobre el manejo discrecional de los recursos en la Defensoría del Pueblo.
El 21 de octubre de 2015, ÚH publicaba que Páez Monges había concedido llamativas gratificaciones a algunos funcionarios.
Los montos que iban desde G. 2.500.000 hasta G. 4.900.000 fueron otorgados a los funcionarios para que adquieran equipos informáticos de un mismo local y luego, llamativamente, los donaran a la institución.
Los equipos informáticos fueron adquiridos de la firma Innova Informática & Electrónica, propiedad de Hugo Rodas Pacheco.
A raíz de esta y otras denuncias periodísticas, la Contraloría intervino e inició una auditoría. De acuerdo con el informe del ente contralor, la mencionada empresa remitió copias de las facturas en las que consta la adquisición de los equipos informáticos.
Sin embargo, en la institución, no se cuenta con ninguno de estos equipos.
Otra irregularidad denunciada en su momento, es la contratación de una empresa dedicada al control de plagas para el mantenimiento y la reparación del edificio de la Defensoría. La propietaria de la empresa que había sido adjudicada es Liza Mabel Rodas Pacheco, hermana de Hugo Rodas Pacheco, dueño de la firma Innova. Como era de esperarse, no hubo ninguna mejora edilicia.
