A principios de este año, Asymmetrica, organización miembro de la red de investigación de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recibió el encargo de dirigir un equipo de investigación para evaluar los riesgos del área de la Triple Frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, con enlaces de interconexión con Bolivia sobre comercio, cumplimiento de la ley, estado de derecho, economía, estabilidad y seguridad, con un enfoque particular en la corrupción y la posible participación de organizaciones delictivas transnacionales en la financiación del extremismo violento y organizaciones terroristas.
En ese marco, informaron que el tránsito de mercadería, tanto legal como ilegal, es muy fácil en la zona, y remarcaron que en Paraguay los puntos de control están a cargo de militares en pequeños puestos de avanzada y muy susceptibles a la corrupción, y que, además, los militares no tienen el mandato de detener el contrabando.
Mencionan en el documento que el presidente Horacio Cartes está en el centro del contrabando del cigarrillo.
En ese sentido, expresan que en el Norte de Paraguay hay una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) bien financiada, con un presupuesto propio, combinando militares y policías para combatir al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
Citan, asimismo, que la FTC está a cargo de todas las rutas de tráfico de drogas, cigarrillos y armas a través de la región y de los ríos Paraná y Paraguay.
Destacan que la estructura del Gobierno paraguayo es tal que el presidente de Paraguay tiene control directo sobre toda la cadena de suministro de contrabando. “No solo él controla los almacenes, pero el ejército responde directamente a él”, dice el informe.
El documento indica que fuentes del Brasil criticaron al Ejército paraguayo por hacer seguridad pública y quedarse en un área violenta o dominada por organizaciones criminales transnacionales durante mucho tiempo.
“Lo que lleva a su transformación integrada en la comunidad local y luego ser corrompido y cooptado por dichas organizaciones”, remarca el informe desarrollado por Vanessa Neumann y Stuart Page (de Asymmetria), miembros de la red de investigación de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El informe menciona, igualmente, que para la Policía argentina, Paraguay es “un territorio perdido, donde todas las actividades son ilícitas”. Técnicamente, “un estado fallido” apoyado artificialmente por fondos del crimen organizado, enmarcado en la corrupción arraigada de las partes más altas del Gobierno.
En otro punto, Neumann y Page hablan del veto del Poder Ejecutivo al impuesto a la soja y que de acuerdo a conversaciones que mantuvieron con políticos locales, estos sostienen que Cartes lo hizo porque “está en el bolsillo” de los conglomerados de agronegocios de Estados Unidos.
“El rumor local es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos apoya a estos conglomerados, a cambio de que EEUU no enjuicie el contrabando de cigarrillos de Paraguay. Esta supuesta política debe ser investigada mediante el compromiso con el Departamento de Estado en Washington, DC”, remarca el informe.