Putin ordenó “aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción (...) para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
“La decisión de Rusia de no participar del Estatuto de la CPI, o en otras palabras, de revocar la firma de este documento, implica consecuencias jurídicas previstas por la Convención de Viena sobre los tratados internacionales de 1969", precisó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La resolución -gracias a la cual Rusia queda fuera de la jurisdicción del Tribunal de La Haya- entra en vigor hoy mismo.
La cancillería rusa destacó que “en 14 años de funcionamiento, la CPI ha dictado sólo cuatro sentencias y ha gastado más de 1.000 millones de dólares”.
“Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio”, añadió Exteriores.
Ya en enero de este año, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, denunció la parcialidad de la CPI cuando el tribunal autorizó investigar los posibles crímenes de guerra durante el conflicto bélico que enfrentó a Rusia y Georgia en agosto de 2008 en la región secesionista georgiana de Osetia del Sur.
“El ataque del régimen de (el presidente georgiano) Mijail Saakashvili contra la pacífica Tsjinvali (capital de Osetia del Sur), el asesinato de miembros de las fuerzas de paz rusas derivó en acusaciones de la CPI contra las milicias surosetas y los soldados rusos”, señaló hoy la cancillería.
Sin embargo, Moscú denunció que al mismo tiempo, “las acciones y órdenes de los cargos públicos georgianos se ha dejado en manos de la Justicia georgiana, fuera del ámbito de la fiscalía de la CPI”.
“Esta decisión habla por sí misma. En estas condiciones, difícilmente se puede hablar de confianza en la Corte Penal Internacional”, concluyó Exteriores.
Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero nunca lo ratificó, como sí hicieron otros 123 Estados, con las notables excepciones de Estados Unidos, China o Israel.
Con su decisión de revocar su firma del documento, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado La Haya por crímenes de guerra o genocidio a menos que haya una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene derecho a veto.
