EFE
“Las denuncias son absolutamente falsas y mentirosas”, declaró Rousseff a periodistas sobre esas acusaciones, que han llevado a la Fiscalía a pedir formalmente al Tribunal Supremo que investigue la presunta responsabilidad de la mandataria, que está al borde de ser sometida a un juicio con miras a su probable destitución.
“Tengo certeza de que esa investigación demostrará apenas que el senador otra vez mintió”, sostuvo Rousseff en alusión a Delcidio Amaral, exjefe del oficialismo en el Senado, detenido por el caso Petrobras y quien ha acusado de la mandataria de intentar obstruir la acción de la justicia frente a esos escándalos.
Rousseff condenó también el hecho de que la información sobre el pedido de la Fiscalía al Supremo, antes de ser confirmado en forma oficial, fue conocida a través de la prensa.
“Lamento otra vez que haya ocurrido algo tan grave, como es la filtración de asuntos de los que tomé conocimiento por la prensa” y que “al parecer estaba bajo secreto judicial”, declaró Rousseff.
En ese marco, adelantó que ha decidido pedirle a la Abogacía General del Estado que exija a la Corte Suprema que se investigue esa filtración, pues el asunto “es muy grave”, porque “si luego se comprueba que no hay nada (en la denuncia), el daño ya está hecho”.
La presidenta apuntó que “extrañamente eso surge en vísperas de la votación en el Senado”, en el que una comisión especial decidirá el próximo viernes si remite al pleno de esa cámara un informe que se conocerá hoy y que se espera que recomiende la instauración de un juicio político con miras a su destitución.
Si el pleno del Senado acepta iniciar el juicio, lo cual deberá ocurrir la semana próxima, Rousseff será obligada a separarse de su cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y su lugar será ocupado por el vicepresidente Michel Temer.
En caso que el proceso acabe con la destitución de Rousseff, el vicepresidente, enemistado desde hace meses con la mandataria, completará el mandato que vence del 1 de enero de 2019.
