25 abr. 2024

Ritmo de endeudamiento pone en riesgo las finanzas públicas

A pesar de las alertas emitidas por economistas y por la ciudadanía, a lo que se agrega la existencia de datos que deben ser tenidos en cuenta porque anuncian riesgos para el país debido al rápido crecimiento del endeudamiento público, el Gobierno sigue empeñado en recurrir a esta forma de financiamiento para sufragar sus gastos. La situación empeora si se considera que la deuda seguirá creciendo en 2017 y no para aumentar la inversión pública, sino para pagar deudas anteriores. En su afán por tener rédito político a corto plazo, el país está poniendo en peligro su estabilidad económica y el bienestar de las generaciones futuras.

El argumento de la sostenibilidad de la deuda en Paraguay ya se está convirtiendo en un discurso falaz si tenemos en cuenta los obstáculos estructurales que enfrenta el país en este ámbito.

En primer lugar se espera que con los fondos provenientes del endeudamiento se financien inversiones que contribuyan al crecimiento económico y, por esta vía, se generen los impuestos necesarios para cumplir los compromisos.

La recaudación de impuestos crece menos de lo necesario para pagar los intereses que ya se generaron, menos aun es suficiente para crear el fondo necesario que haga frente a los pagos en los años del vencimiento del capital.

Pero el problema no solo es recaudar. La pregunta que debemos hacernos es sobre quiénes recaerá la responsabilidad del pago de la deuda. Con nuestra estructura tributaria y los terribles datos que proporcionó la SET de que alrededor de 4.000 multimillonarios que ganan alrededor de 800 millones de guaraníes al mes –y son los que se benefician con el crecimiento económico financiado en parte con la deuda– no pagan el impuesto a la renta personal, la previsión es que la deuda terminará siendo pagada por los sectores de menores ingresos y por quienes se beneficiaron menos con la deuda.

En segundo lugar, los fondos obtenidos del endeudamiento, especialmente de los bonos soberanos, no se están destinando en su totalidad a financiar inversiones, sino la misma deuda. Es lo que la ciudadanía está llamando “bicicleteo”.

En tercer lugar, al no aumentar la recaudación de recursos genuinos –impuestos– la sostenibilidad de la deuda terminará sustentándose en la reducción de los gastos, situación que el mismo Ministerio de Hacienda alertó cuando el Congreso redujo el financiamiento con bonos. Es decir, no solo es una probabilidad, sino que está en la agenda de las autoridades fiscales reducir gastos sociales.

En cuarto lugar, el monto de la deuda actual y su proyección a largo plazo no incluye nuevas deudas generadas por la ley de inversiones “llave en mano” ni las deudas que generarán las alianzas público-privadas. El nivel de deuda aumentará a mediano plazo a medida que el país firme los contratos por las obras aprobadas bajo estas dos modalidades y esto no está siendo debidamente considerado.

El escenario económico a mediano y largo plazo no parece optimista y el político menos, ya que las medidas que está tomando el Gobierno van a contramano de una parte importante de los parlamentarios y de la ciudadanía, lo cual supone riesgos en la gobernabilidad y la construcción de la democracia, ambos importantes para el desempeño económico.

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