En el año 2011, con miras a las elecciones internas partidarias del año 2012, el Congreso infló el Presupuesto 2012 aprobando incrementos salariales de entre el 10% y el 58% para los funcionarios públicos, sin contar con fuente de financiamiento para sostener esta suba salarial. Esto provocó que tras ocho años consecutivos de superávit fiscal, el Estado comience a tener problemas de financiamiento y se arrastren resultados negativos en las cuentas fiscales desde entonces.
Gran parte de la culpa de este saldo rojo estatal proviene de los legisladores colorados, quienes intentando castigar al gobierno de turno, aprobaron el ajuste salarial y el nombramiento de varios contratados. Para concretar este golpe, contaron con la ayuda de la mayoría de los liberales, quienes trataron de ganar así votos para las elecciones presidenciales del año 2013.
Esta misma escena se repitió este año en la Cámara de Diputados, con la diferencia de que el aumento salarial fue propuesto por los legisladores liberales y acompañado por los legisladores colorados cartistas.
En el Ministerio de Hacienda estiman que si la Cámara de Senadores aprueba este incremento, el déficit fiscal del próximo año podría elevarse al 1,7% del PIB, por encima del límite del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Y resulta paradójico que la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada al inicio del mandato del presidente de la República, Horacio Cartes, para tratar de evitar que se repita lo que sucedió en el año 2011, sea pisoteada por los diputados colorados cartistas que acompañaron la propuesta de ajuste salarial del 12% para docentes y personal de blanco.
Ello, a pesar de que la Ley de Responsabilidad Fiscal es clara en dos puntos: no se podrá conceder aumento salarial al sector público sin que antes se haya otorgado al sector privado, y el ajuste deberá ser hasta la misma proporción que la otorgada al sector privado.
Quienes tienen representación partidaria en el Congreso deben entender que no se puede seguir castigando a la población más vulnerable con aumentos salariales desmedidos para el sector público y nombramientos en cargos públicos.
Mientras más dinero se destine a salarios, menos sobrará para medicamentos, equipamientos hospitalarios, educación, viviendas dignas y rutas de todo tiempo. Merecemos vivir en un país donde sus autoridades piensen en todos sus ciudadanos, y se preocupen porque aquellos que no tienen posibilidades de sostenerse económicamente cuenten con una mejor calidad de vida.
