En declaraciones a los periodistas, el funcionario recordó que ese día vence el plazo de 15 días dado por el Gobierno a los inmigrantes, mayoritariamente haitianos, que quedaron fuera del Plan para que se acojan al retorno voluntario aprovechando las facilidades otorgadas por el Ejecutivo en ese sentido.
A partir del 6 de julio, dijo, empezarían las deportaciones, aunque subrayó que quedará a “discreción” del presidente del país, Danilo Medina, finalizar o prorrogar la gracia dada a los ilegales.
Asimismo, Paulino Sem aseguró que “hasta el momento” el organismo que dirige “no ha repatriado a nadie, a ningún indocumentado. Eso queremos aclararlo”.
“Hasta el momento lo que estamos es con el retorno voluntario asistido. Hemos asistido a mil y pico de personas, inclusive apoyándoles con sus mudanzas”, precisó.
Paulino Sem ofreció sus declaraciones en la sede del Congreso Nacional, adonde acudió para reunirse con una comisión especial del Senado que realizará visitas a Parlamentos de distintos países para defender las acciones del Gobierno en materia migratoria.
Por su parte, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, advirtió hoy que “nadie” puede impedir al país deportar a los indocumentados.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y la Ley Especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, surgieron tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), emitida en septiembre de 2013.
Al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros se acogieron 288.466 indocumentados, la mayoría haitianos, y 8.755 lo hicieron a la Ley especial de Naturalización.
El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que, tras finalizar el plazo para acogerse al plan de regularización, no solo se lleven a cabo deportaciones masivas en República Dominicana, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.
En una sesión el martes en la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller de la República Dominicana, Andrés Navarro, aseguró que su país “no deportará a un solo dominicano” e insistió en que su Gobierno está “haciendo todo lo posible para garantizar su protección”.
Navarro indicó que las denuncias sobre la situación de apátridas de miles de ciudadanos de origen haitiano en su país se deben a informaciones erróneas vertidas por los medios de comunicación.
