“Él está, por decir de alguna manera, de los dos lados del mostrador”, graficó. Y señaló que, por un lado, tiene intereses particulares en una actividad regulada por el Estado y, por otro lado, él es uno de los encargados por parte del Estado de regular esta actividad. “No solo hay una responsabilidad de él, sino también del presidente”, indicó.
Afirmó que esto no se manejó con transparencia, “no se anunció que tenía intereses en ese sector”; esto surgió a raíz de una investigación periodística; y apuntó que también podríamos estar ante un caso de tráfico de influencias. “Según la investigación y los documentos, a esa empresa de la cual es parcialmente propietario se le dio un beneficio de una ampliación del plazo de la concesión, cosa que no se hizo a las demás empresas que están en el negocio de la prospección del petróleo. Evidentemente hay un beneficio a la empresa de López Moreira”.
En cualquier país del mundo esto sería un escándalo, opina el ex ministro del Interior; aunque se tratase de una persona no vinculada al presente gobierno, se habría abierto una carpeta fiscal de inmediato.
“Yo no creo que la Fiscalía investigue. ¿Cuántos escándalos de corrupción hubo en este gobierno? Ninguno fue investigado”, se preguntó.
Mencionó otros casos como el de las sobrefacturaciones con la anterior ministra de Educación y el caso de Tape Porã, donde el ministro de Obras le da una ampliación al contrato a una empresa que es de su familia. “En ningún caso la Fiscalía ha tomado cartas. El Ministerio Público es funcional al Poder Ejecutivo”.
