El alto jefe policial dijo que actualmente una importante cantidad de agentes están trabajando en la seguridad personal de autoridades o instalaciones del Estado y la intención es reducir la cantidad para ponerlos al servicio de la sociedad.
“Estamos analizando si podemos reducir porque últimamente hemos tenido bastante dispersión de personal que está cumpliendo funciones específicas de seguridad privada y dejando de lado la función natural que es la de servir a la generalidad de la sociedad paraguaya”, indicó a los medios de prensa.
Dijo que más de 3.000 efectivos policiales están siendo utilizados en esa función. La idea es que más agentes estén en las calles debido a la ola de asaltos y crímenes ocurridos en los últimos días. “Nosotros necesitamos más policías en la calle”, sostuvo.
Si bien aclaró que la Policía Nacional está obligada a dar seguridad a las autoridades y a las instalaciones del Estado, dijo que actualmente se necesita reducir ese número.
El comandante de la Policía Nacional y el ministro del Interior Francisco De Vargas fueron convocados por el vicepresidente y actual presidente en ejercicio, Juan Afara. Este le expresó su preocupación por la inseguridad que aqueja al país.
Esta reunión se da luego del asesinato de Sonia Doutreleau, ocurrido en la mañana del lunes en la Cámara Paraguaya del Cloro (Capaclor), que está ubicada en la intersección de Mariscal López y Pitiantuta.
La semana pasada también resultó víctima Liz Teresita Arzamendia Ferreira (31), madre soltera de un niño de 7 años, estudiante universitaria y funcionaria de Senasa. Ella fue interceptada por dos ocupantes de una motocicleta, uno de ellos la amenazó con un cuchillo a que entregue su bolso.
Aparentemente, la joven, en un accionar instintivo, forcejeó con su agresor y este le propinó una estocada en la zona del pecho, lado izquierdo, afectando el corazón.
El ministro De Vargas también resaltó que en los últimos seis meses la Policía Nacional puso a 11.000 personas a disposición de la Justicia y solo el 16% pasó a una penitenciaría del país.
“Consideramos que ese 16% es muy bajo y da cuenta de la poca o nula voluntad de otras instituciones de acabar con la impunidad”, afirmó.
