Fue el propio ministro Éver Martínez quien habló del supuesto proyecto. Comentó que la idea es brindar mayor comodidad a quienes quedan recluidos en el lugar, porque “no es posible ayudar en el proceso de corrección en medio del hacinamiento”, dijo.
Detalló que existen al menos 50 jóvenes que comparten la misma celda, mientras que si el plan entra a regir en cada pieza estarán solo dos reclusos que tendrán varias comodidades e incluso contarán con baño propio. El objetivo es construir 120 pabellones habitacionales.
“Es un proyecto que iniciamos en el 2014. Se trata de un modelo sociocomunitario. El espacio físico es fundamental para fomentar valores. No podemos tenerlos aglomerados. Ahora igualmente el sistema funciona mediante la clasificación dentro del penal, porque puede contaminar a las personas de acuerdo con la cantidad de veces que ya ingresó al penal por hechos punibles”, agregó en contacto con la 970 AM.
No dio fecha de inicio del proyecto. Sin embargo, habló solo de los detalles y de lo positivo de implementar su idea dentro del correccional que, debido a su mala infraestructura y el hacinamiento, se incendió el año pasado luego de 15 años de una quema que afectó al mismo reclusorio.
MÁS DETALLES
Ya en el 2004 el Paraguay fue sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras un incendio ocurrido en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, en 2001, en donde 12 menores murieron. Tras 15 años, 6 personas perdieron nuevamente la vida por el mismo motivo: el trato inhumano y el hacinamiento en las cárceles, según las denuncias.
En el 2001, 12 menores de edad, recluidos en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, murieron tras un incendio mientras que 40 habían sufrido graves heridas.
El penal en cuestión solo tenía capacidad para 15 internos, pero albergaba a 200 o 300 adolescentes. Es más, según las estadísticas, entre el año 1996 y 2001 unos 4.000 menores fueron víctimas de condiciones carcelarias “infrahumanas”.
Ante lo ocurrido con el caso Panchito López el Estado debía indemnizar en agosto del 2013 a las víctimas. En el caso Tacumbú, no se mencionó aún algún tipo de indemnización.
