El estudio se realizó entre enero y julio de 2016, estuvo a cargo del perito Ángel Vargas, y se realizó a instancias de Sánchez. El resultado arrojó –según los datos computados– “un faltante de caja por la suma de G. 2.082.871.929 a rendir por la administración anterior”.
SIN RASTROS. “Este dinero no aparece en la contabilidad de APA y no se sabe dónde está el dinero físicamente. Eso se configura penalmente como una lesión de confianza”, señaló Ricardo Gavilán, funcionario de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).
La auditoría contable forense contratada por APA asegura que los “faltantes de fondos son exclusiva responsabilidad del directorio”, así como las personas establecidas en los estatutos sociales de la entidad.
LOS DENUNCIADOS. Con respecto al faltante, la entidad –presidida ahora por Sánchez– hizo pública ayer la presentación de una “querella adhesiva” contra Alcides Roa, Luis Barrientos, Librada Noemí Jiménez Torres, Juan Manuel Coronel Nakagawa, Víctor Manuel Aquino Martínez, Cecilia Norma Riveros Caballero y Patricia Celeste Romero, por “hechos punibles” descritos en la denuncia.
Según el texto de la querella, se califica la conducta de Alcides Roa, directivo cesado de APA, bajo los hechos de “lesión de confianza, violación de llevar libros de comercio y hurto agravado”. En tanto, a Luis Barrientos, ex secretario de la entidad, se le atribuyen los hechos punibles de “lesión de confianza, hurto agravado y sabotaje de sistemas informáticos”. “El administrador judicial está en calidad de garante de los bienes de APA y debe gestionar la recuperación de los mismos”, señaló por su parte Jorge Ayala, abogado de la asociación de creadores.
