Por Noelia Duarte Solís
CIUDAD DEL ESTE
Los concejales departamentales recibieron la comunicación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que iniciará una investigación sobre todo el proceso licitatorio y la adjudicación a la empresa referida, atendiendo a que existen muchos cuestionamientos al respecto.
La semana pasada, Celso Miranda, concejal de Ciudad del Este, denunció el caso a través de las redes sociales y luego junto a Paraguayo Cubas y Jorge Brítez llegaron hasta la Gobernación del Alto Paraná, con los paquetes de galletitas en mano, criticando el precio y calidad nutricional del producto.
Con esto, la bancada liberal de la Junta Departamental, resolvió acompañar el trabajo de los investigadores de la DNCP, facilitándoles datos e informes que requieran sobre la empresa, que de acuerdo a las denuncias públicas está ligada a personas que ocupan altos cargos en otros poderes del Estado.
“Les vamos a mostrar dónde tiene su fábrica, que la dirección que dio bajo fe de juramento no coincide y que en el lugar está un estudio contable, la empresa no tiene 3 años de antigüedad en el ramo, tal como exige la ley para ser proveedor del Estado, cosa que el propietario admitió y tuvo que ser descalificado”, reveló la concejala departamental, Carolina Bareiro.
El representante de Dijktra Servicios SA es Carlos Marcelo Quevedo, de acuerdo a los datos proveídos en la Gobernación del Alto Paraná. Tiene a su cargo la distribución de alimentos sólidos (galletitas y chipitas) a 464 escuelas públicas del décimo departamento.
No hay certeza de la fecha que iniciarán la investigación, según Bareiro, pero su bancada está expectante para acompañar los trabajos de los técnicos de DNCP para dilucidar el caso, bastante cuestionado por los detractores del clan Zacarías.
Ante todo esto y cuando se dio el peculiar reclamo a la calidad y precio de las galletitas, el gobernador Justo Zacarías dijo que la licitación fue clara y transparente, además de optarse por la oferta más barata para la provisión de los alimentos en las escuelas públicas de la zona.
Se aguardará la conclusión de la investigación de DNCP para definir acciones a tomar. Eventualmente, podría derivar en una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los administradores de los entes públicos.