El proyecto, presentado en el Senado hace más de tres años, busca establecer una política pública sobre las cenizas de carbón u otro residuo de combustión de carbón, así como una ley que prohíba el uso de dichas cenizas en proyectos de construcción en vías o su depósito en terrenos.
Juan Camacho, uno de los portavoces de los convocantes, explicó en un comunicado que reiterarán su apoyo a la desobediencia civil en caso que la empresa EC Waste, dueña y operadora del Peñuelas Valley Landfill, en el sur de la isla, siga depositando cenizas.
Cada día, se generan más de 600 toneladas de cenizas, producto de la quema de carbón para producir electricidad en la planta privada Applied Energy Systems (AES), localizada en Guayama, también al sur de Puerto Rico.
El comunicado señala que entre 2000 y 2003 la empresa AES Puerto Rico depositó cenizas en el distrito municipal Arroyo Barril de República Dominicana, donde se almacenaron cerca de 50.000 toneladas de cenizas de carbón.
Actualmente, agrega, aún se sienten en esa zona de República Dominicana los efectos nocivos para la salud debido al alto nivel de contaminación existente.
“Todavía estamos a tiempo de evitar las atrocidades que sucedieron en la comunidad Arroyo Barril en la República Dominicana, lugar donde se depositaron miles de toneladas que afectaron de manera significativa la salud de los habitantes”, afirmó Camacho.
Las protestas en Puerto Rico, que comenzaron hace días, han supuesto ya la detención de decenas de personas.
En respuesta a la polémica, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de Puerto Rico señaló que tanto Peñuelas Valley Landfill como otras empresas dedicadas al transporte de las cenizas cuentan con los correspondientes permisos.
