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Opinión
viernes 30 de septiembre de 2016, 01:00

Propuesta indecente

Por Wendy Marton – En Tw @WendyMarton
Por Wendy Marton

El Ministerio de Trabajo cuenta actualmente con 25 inspectores laborales que fiscalizan a las aproximadamente 230.000 empresas pequeñas, medianas y grandes de todo el país.

Es decir, hay un inspector laboral por cada 140.000 trabajadores (estimación con base en la población económicamente activa) y por cada 9.200 empresas. El proyecto de Presupuesto 2017 contempla recursos para duplicar esta cantidad y habrá 50 inspectores laborales.

Con esta cifra, es muy difícil que el Ministerio de Trabajo pueda verificar que todas las empresas del país cumplan mínimamente con el empleado, es decir, que este tenga cobertura social y jubilatoria, que tenga todos los implementos laborales que su trabajo requiera y que perciba la asignación mínima mensual establecida por ley.

Pero este no es el único problema. La falta de capacitación y de oportunidades laborales permite a las empresas contratar mano de obra más barata, bajo el argumento de que el personal no está preparado para el oficio para el cual fue empleado y de que al haber sobreoferta de trabajadores, el mercado regula la asignación mensual hacia abajo.

En este contexto, el trabajador o acepta las condiciones laborales y obtiene un empleo que por lo menos le permita un ingreso de G. 1 millón o se queda sin empleo hasta que un empleador esté dispuesto a abonarle el salario mínimo.

Otro problema es que del total de empresas que existen en el país, alrededor de 200.000 son micro y pequeñas empresas, es decir, sin capacidad económica suficiente para cumplir con todos los derechos del trabajador.

A todo este contexto, hay que sumar la coyuntura económica actual, donde el consumo aún no está recuperado. Por ello, proponer un ajuste salarial faltando poco para que termine el año, con el simple objetivo de encontrar popularidad para allanar el camino a la reelección no es una buena decisión.

Atender integralmente a un trabajador requiere mucho más que una simple propuesta de ajuste salarial, sobre la base de la inflación acumulada. Requiere propuestas que permitan a las micro y pequeñas empresas formalizarse y formalizar a sus trabajadores y crecer para obtener mayores ganancias; requiere capacitación constante del personal a través de convenios público-privados, para que el empleado pueda aspirar a percibir una asignación mayor con el paso del tiempo, y, por sobre todo, requiere interés real para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Si el Gobierno tiene una propuesta integral de empleo, es hora de que la ejecute. Es la única forma de comenzar a transformar el país.