Los cinco imputados por el escándalo de los audios filtrados que desnudan el grosero tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), así como en otras instituciones, van a prestar declaración indagatoria a partir del próximo 18 de enero.
Los primeros que deberán presentarse ante los fiscales Francisco Torres y Alcides Corvalán serán el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann y el ex senador cartista Óscar González Daher (ANR).
Posteriormente deben acudir ante el Ministerio Público el ex senador Jorge Oviedo Matto (Unace) y los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva Segovia.
Los mismos ya habían sido notificados en una primera oportunidad para fines de diciembre. Sin embargo, plantearon la suspensión, alegando que no contaban con la carpeta fiscal, tampoco con las copias de los audios difundidos.
Por tal motivo los representantes del Ministerio Público nuevamente fijaron una segunda fecha, donde los mismos podrán declarar sobre los hechos atribuidos o abstenerse.
IMPUTACIONES. Los ex parlamentarios fueron imputados por los delitos de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia. La Fiscalía solicitó el arresto domiciliario para todos.
El ex secretario de González Daher en el JEM fue imputado por asociación criminal y cohecho pasivo agravado, tráfico de influencia, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Primeramente los intervinientes pidieron medidas alternativas. Posteriormente, en su segunda imputación, prisión preventiva, y en la tercera, arresto domiciliario.
En cuanto a los abogados Caballero y Silva, fueron procesados por los delitos de asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias.
ILEGALIDAD. Sara Parquet, la abogada de González Daher, minimizó el grado de involucramiento de su cliente en el caso de audios y argumentó que las grabaciones fueron manipuladas.
“Los audios remitidos a la Fiscalía son audios editados cortados, manipulados, descontextuados; no son audios en bruto”, señaló.
El mismo argumento utilizó el abogado Álvaro Arias, quien defiende al polémico ex secretario general del JEM y mano derecha del ex parlamentario.
Así también el ex ministro del Interior Carmelo Caballero se escudó en que los mismos son ilegales por carecer de orden judicial.
“En primer lugar, desconozco que haya orden judicial para la obtención de los audios. No puedo reconocer algo que es ilegal”, relató.
Abogados defensores piden anular la imputación
Los abogados de Óscar González Daher y Raúl Fernández Lippmann, Sara Parquet y Álvaro Arias, respectivamente, presentaron incidentes de nulidad contra el acta de imputación que se formuló a raíz de los audios filtrados.
En ese sentido, solicitaron la suspensión de la convocatoria de imposición de medidas que fue fijada para los días 8 y 9 de enero. Señalaron que las grabaciones telefónicas se obtuvieron sin orden judicial y violando la Constitución Nacional.
Para el abogado Álvaro Arias, las grabaciones no representan prueba alguna para iniciar un proceso, ni como elemento probatorio en un eventual juicio oral y público.
El abogado sostiene que los audios fueron obtenidos sin ninguna disposición judicial, violando así el artículo 36 de la Constitución Nacional, en el que se establece que las comunicaciones telefónicas no podrán ser interceptadas sin la orden de un juez.
Detalló, además, que dichas grabaciones fueron editadas y manipuladas para ser publicadas.
Sobre el punto, el abogado Arias resaltó que “el artículo 33 habla del derecho a la intimidad de las personas a nivel personal y familiar, pero acá no hablamos de eso, sino de conversaciones telefónicas y es el artículo 36 donde se habla específicamente de eso”.
Abogada denuncia “superpoder” del Legislativo en la Justicia
La abogada Ivonne Irigoitia, ex síndica general de quiebras y líder del nuevo movimiento político Unidos Todos por Paraguay, señala que el problema central del sistema de justicia es la injerencia extrema del Poder Legislativo, y se refirió al caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM) como instancias donde los legisladores manipulan, entre otros puntos.
“Tenemos que entender que la Justicia anda mal a consecuencia del exceso de autoridad del Poder Legislativo y su exagerada injerencia en las funciones del Poder Judicial. El superpoder del Legislativo radica en las superfunciones que tiene, es el poder que más controla y sobre el que menos control se puede ejercer”, manifestó.
Detalló que tanto el JEM como el CM están integrados por una mayoría de políticos que designan, controlan y sancionan a ministros, jueces y fiscales, y sin embargo nadie los controla a ellos, lo cual lleva a hechos de corrupción como los revelados en los audios filtrados.
“Pero no es menos cierto que el Poder Judicial está limitado constitucionalmente frente a los poderes políticos. Ellos faltan a la misma Constitución al no respetar dos elementos claves para la independencia judicial: uno, la autonomía, y dos, la autarquía presupuestaria. El Poder Judicial no es autónomo ni autárquico económicamente, es por falta de reglamentación del propio Poder Legislativo que debe hacer y no lo hace”, expresó.
También señaló la falta de reglamentación del juicio político, lo cual lleva a un arma de amenaza y destitución del Congreso a los ministros de la Corte, al presidente de la República y hasta al propio fiscal general, entre otros.
CAMBIO. Irigoitia sostuvo que para un cambio significativo se debe iniciar con el respeto a la inamovilidad de los ministros de la Corte, así como la autonomía y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.
Dijo que varios constitucionalistas reconocen este superpoder del Congreso y que esto genera disfuncionalidad tanto al Ejecutivo como al Poder Judicial.
Manifestó que, así como los presidentes tienen límites para ser reelectos, los parlamentarios también deberían tener este límite. “Ello traería un ordenamiento equitativo y equilibrado para las personas que detentan el poder de turno”, dijo.