El Estado destina aproximadamente USD 467,6 millones al año a “gastos tributarios” (exoneraciones y tratos diferenciados), lo que representa casi 2% del PIB, según un informe elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), a pedido del Ministerio de Hacienda. De este total, las exoneraciones otorgadas al sector cooperativo cuestan aproximadamente USD 8 millones, es decir, 0,03% del PIB.
El CIAT define a los gastos tributarios como los recursos monetarios dejados de percibir por el Estado, a causa de la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados sectores, industrias o tipo de personas –con relación a un sistema tributario de referencia– con el fin de alcanzar ciertos objetivos de política económica o social.
Los gastos tributarios incluyen exenciones (exoneraciones) y exclusiones (hechos no gravados), deducciones, alícuotas (tasas o tipos) reducidas, créditos, diferimientos, regímenes tributarios simplificados, especiales o promocionales (tax holidays) y reintegros. De acuerdo con los datos de Hacienda, en Paraguay hay 64 tipos de gastos tributarios, de los cuales 32 corresponden al IVA, por combustible, educación, créditos al agro y alícuotas reducidas de medicamentos, entre otros; seis corresponden al IRP; 23 al impuesto a las actividades económicas (cooperativas, créditos, zonas francas, entre otros); y tres a derechos aduaneros.
Es decir, todos estos sectores tienen algún tipo de privilegio, y no pagan la totalidad de los impuestos que los demás sí estamos obligados a pagar.
Por qué el Estado fue primero a la caza de las cooperativas donde se aglutina a una población mayoritariamente de clase media y baja y no a la clase más favorecida. Ya después de aprobarse el IVA a las cooperativas, cuando se intentó poner fin a los privilegios del sector más rico tratando de eliminar la posibilidad de que ya no puedan deducir gastos de compra de aviones y yates para disminuir (o no pagar directamente) el IRP, los más poderosos apenas parpadearon y el presidente Horacio Cartes ordenó detener cualquier análisis.
Mientras por un lado el discurso oficial sostiene que no se puede seguir castigando a la gente más pobre con impuestos indirectos, por el otro recurre precisamente a este tipo de tributos para poder solventar la gigantesca estructura estatal que dilapida el dinero de los contribuyentes en gastos de oro.
La idea de gravar con IVA a cooperativas tiene como objetivo cobrar solo a cinco de ellas (las más grandes), sin importar que en ese camino se perjudique al resto. El Gobierno debería buscar mecanismos no solo para cobrar a los más ricos, sino también para mejorar el gasto público.
