En este contexto, el proyecto de ley establece que ninguna repartición pública debe exigir al solicitante de la información las razones de su pedido.
Marta Ferrara, directora de Semillas por la Democracia, informó que el proyecto es fruto de un trabajo de 10 años sobre la materia y que la presentación, avalada por varios legisladores, ya significa “un gran logro de la sociedad civil”.
Ferrara señaló que “el proyecto es un paso muy importante en el proceso de construcción de transparencia y de fortalecimiento de los espacios de lucha contra la corrupción. Más allá de las conquistas que se han logrado de transparentar los nombres de los funcionarios, la ley de acceso a la información va a permitir que todas las instancias dentro del Estado sean transparentes”, afirmó.
Explicó que el proyecto de ley prevé organismos de control y plazos específicos para que se pueda acceder a la información. “Ahora vamos a esperar que se trate en comisión y nosotros vamos a estar participando y acompañando”, anunció.
LOS AUTORES. Esta es una propuesta de la sociedad civil de la cual se hizo cargo el senador Carlos Amarilla con otros legisladores, como Arnaldo Giuzzio, Desirée Masi, Blas Llano, Mario Abdo Benítez, Pedro Santacruz y Enrique Bacchetta. “Ellos se hicieron cargo del proyecto que la sociedad civil elaboró a través del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública dentro del marco del convenio firmado por Semillas para la Democracia con la Cámara de Senadores”, informó.
El proyecto de ley establece un plazo de 10 días para que una repartición del Estado dé una información pública. Esto se puede prorrogar 10 días más, fundadamente. El solicitante, si no logra conseguir la información, puede apelar ante la autoridad máxima de la institución requerida, sin necesidad de abogado. La autoridad debe expedirse sobre su pedido en 15 días.
Nuevamente, si el interesado no logra su objetivo, y cree que se está violando la ley de acceso a la información pública, puede recurrir a cualquier juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o donde la repartición pública tiene su sede.