EFE
“Nosotros creemos que él está mal ahora y eso también puede afectar cómo lo defendemos, si lo podemos defender, si él tiene competencia para seguir adelante”, declaró Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán, a la salida de una vista oral celebrada en un tribunal de Nueva York.
El letrado explicó a los periodistas que “probablemente” en las próximas dos semanas “El Chapo” tendrá una “nueva evaluación” por parte de una experta de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore.
Ya en noviembre pasado, el juez federal encargado del caso, Brian Cogan, había aceptado que Guzmán, quien se fugó en dos ocasiones de penales mexicanos y fue extraditado a EEUU en enero de 2017, se sometiera a un examen sicológico para evaluar el “deterioro” que su salud mental.
Balarezo complementó en otras declaraciones que se espera que la evaluación permita determinar “la condición” del acusado y “si él puede seguir adelante”.
“Eso sería lo principal”, aseguró el defensor y explicó que la evaluación ayudaría también a conocer “qué le está afectando a él y qué puede hacer el juez para cambiar las condiciones en las que él está ahora”.
Guzmán, quien está acusado de 17 delitos como líder del cártel de Sinaloa, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero, se ha quejado anteriormente de las condiciones de su encarcelamiento, como la luz encendida todo el día y el calor en su celda, y de la limitación para comunicarse con sus familiares.
Este martes, “El Chapo”, ataviado con un uniforme carcelario azul y una camiseta anaranjada debajo, compareció ante el juez con una expresión serena y no dejó de observar en la primera fila a su esposa, Emma Coronel Aispuro, quien aseguró a los reporteros que le preocupa la condición de salud de Guzmán.
“Mi preocupación es nada más su salud, porque sé que está muy mal psicológicamente, que se siente muy mal por lo que me han dicho los abogados y es lo que me preocupa: ¿Cómo va a llegar a un juicio bien si él está mal de salud?”, afirmó Coronel.
Durante la vista, la defensa del Chapo retiró una solicitud para que el acusado pudiera hablar sobre las condiciones de la reclusión tras alegar que ya habían “ventilado todos los temas que él quería tocar con el juez”.
Balarezo celebró igualmente que el juez se mostrara abierto a tomar en cuenta la oposición que han hecho a la moción presentada por la fiscalía para determinar la procedencia del pago de sus honorarios, que consideró los obligaría a pasar de abogados a testigos.
“No podemos hacer las dos cosas y eso puede afectar el juicio en septiembre”, alertó el letrado, quien en otra declaración subrayó que Guzmán “no sabe ni ha hablado ni ha dicho nada a nadie” sobre los honorarios de su defensa.
El juez fijó el próximo 18 de mayo como plazo para que la fiscalía complete el recaudo de pruebas, mientras que entre finales de julio y comienzos de agosto se aplicarán los cuestionarios a entre 800 y 1.000 personas para elegir al jurado, que estará cobijado por el anonimato.
“Normalmente en los juicios se trae quizás a 100, 150 personas, pero en un caso de este tipo 1.000 es normal”, aclaró Balarezo, y detalló que este primer grupo será sometido a un cuestionario de más de un centenar de preguntas para determinar los primeros 40 preseleccionados.
Ese segundo grupo se reducirá a 12 miembros y seis adicionales que finalmente integrarán el jurado.
