Creo que en este momento hay otras situaciones igualmente inquietantes en materia de corrupción. Un vistazo rápido a los diarios muestra, casi en cada página, más noticias preocupantes que alentadoras o neutras. Y eso es el reflejo del ambiente de crispación que acarrea la intención de promover la reelección, a como dé lugar.
Un conflicto no menor es el que tiene lugar entre el Ministerio de Hacienda y los gremios empresariales, a raíz del endurecimiento de la presión fiscal contra, precisamente, los que se esfuerzan en mantenerse en el marco de la formalidad, mientras florece una amplia economía informal. Esto a pesar de la amplia experiencia internacional de que la informalidad prospera cuanto más rigurosas y complicadas son las exigencias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento compiten en el afán de imponer cada vez más y más regulaciones a la actividad privada, en la errónea suposición de que el Estado debe regular todos los intercambios y acuerdos entre particulares. Esto forma parte de una mentalidad profundamente estatista, que hoy impregna a todos los sectores, sean ellos de izquierda, centro o derecha.
Hay que tener en cuenta que cada decreto del Ejecutivo o ley del Parlamento impone más cargas sobre la burocracia estatal, dando el pretexto para sumar más funcionarios a expensas de las arcas públicas, ahondando el círculo vicioso de la ineficiencia y la corrupción.
La supuesta solución se convierte así en el problema. Y este es, si nos fijamos bien, el ciclo repetido de todos los gobiernos que se han sucedido en la era democrática. Pero, incluso, en el plano internacional se observa que el crecimiento desmesurado del Estado es el principal obstáculo para la libertad y la prosperidad.
Decir esto suena a herejía contra las corrientes de pensamiento dominante, no obstante, lo cual estas ideas ganan terreno contra el estancamiento económico en Europa, Estados Unidos e incluso en nuestra región. La escuela económica de la “elección pública”, explica que los funcionarios anteponen, aquí y allá, su propia conveniencia al bien común, y esa conveniencia es la de agrandar el Estado, y con ello sus propios beneficios particulares. Y en ese marco es más fácil de entender, pero no de justificar, la búsqueda de la reelección, como manera de consolidar el poder de una élite política y burocrática.
De ahí que una auténtica reforma constitucional, que, sin duda, es necesaria, debe plantearse la reforma del Estado, para reducir su afán de recaudar al máximo, de regular todo aquello que funciona mejor sin su intromisión, de sanear la justicia, de velar por la libertad y garantizar la seguridad de la ciudadanía.