Unos 150 policías participaron con gran violencia en un procedimiento, con varias irregularidades, para extraer la cosecha de granos de soja de un inmueble perteneciente a la firma Sienna SA, cuyo propietario es Marino Raiter. La diligencia favorecía a la firma Agrosilos Santa Catalina, del Grupo Favero. El operativo estuvo encabezado por el oficial de Justicia, Marcos Sanabria.
Además de la extrema violencia que utilizaron los uniformados, la abogada de Sienna SA, Vilma Dias, denunció que existieron varias irregularidades para llevarse a cabo el atropello al inmueble de su defendido y el posterior secuestro de la cosecha.
En ese sentido, detalló que “en fecha 23 de enero, en plena feria judicial y de la mano de una jueza inescrupulosa (la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, de Asunción) la firma Santa Catalina obtuvo un nuevo mandamiento de secuestro de los granos, sin habilitación y con varias irregularidades”. Ante esta situación, un gran contigente policial ingresó de manera violenta, cerca del mediodía del miércoles pasado, a los inmuebles de Sienna SA., ubicados en zona de Mayor Otaño, Itapúa, para cubrir el operativo de extracción de la producción de soja.
poseedora. “La firma inmobiliaria Siena SA es propietaria y poseedora de todos los inmuebles sobre el cual pretende la firma Agrosilos Santa Catalina del Grupo Favero cosechar granos producidos por la empresa dueña del establecimiento”, indicó Días.
En fecha 19 de enero 2017, la jueza Mafalda Cameron Luque, de Asunción, dictó una sentencia definitiva, “donde declara con certeza absoluta que todos los inmuebles de la zona pertenece a la firma Siena SA en propiedad y posesión”. Además, la magistrada “dio certeza absoluta de que la producción de granos de sojas, zafra 2017, que se encuentra sobre más de 22 inmuebles de la propiedad de Siena son frutos propios de la firma dueña de las tierras”, explicó la abogada. Sin embargo, cuatro días después, la jueza Alonso Martínez dispone un mandamiento a favor de la firma Agrosilos Santa Catalina, dejando sin efecto el decreto de su colega. Estas disposiciones tuvieron lugar pese a que solamente un Tribunal de Apelaciones puede modificar o anular una sentencia.
Sobre el punto, Días explicó que la ministra de la Corte, Alicia Pucheta, ya solicitó los expedientes del caso para investigar las actuaciones de las juezas. Por su parte, el grupo Favero se llamó a silencio.