Realmente me han impactado las imágenes del ex presidente Lula sacado a la fuerza de su domicilio por la Policía para llevarlo a declarar ante el juez que investiga el escándalo de Petrobras. Esas imágenes, por un lado tienen un aspecto positivo, porque demuestran al país y al mundo que en el Brasil se tiene una auténtica República, donde nadie puede estar por encima de la ley. Pero por otro lado, esas imágenes semejan una persecución política, porque denigran a un ex presidente que nunca se había negado a declarar. Este hecho me hizo reflexionar sobre un tema, que en el Paraguay y en gran parte de América Latina, nunca se ha debatido. El tema es si como sociedad en su conjunto debemos aceptar como algo normal y rutinario que los ex presidentes sean investigados judicialmente por acciones o decisiones tomadas durante su gestión. Si aceptamos, corremos el riesgo de que cualquier nuevo gobierno de turno, con el pretexto de juzgarlo por delitos cometidos, use este método como persecución política, para descalificar o acallar a su opositor. Este riesgo de persecución política hace que los gobernantes de turno se aferren al poder, porque saben que si lo pierden van a ser perseguidos por el nuevo gobierno. Esto a su vez le genera una gran inestabilidad al sistema democrático.Por otro lado, si no aceptamos las investigaciones judiciales, corremos el riesgo de que graves delitos, principalmente de corrupción, queden impunes, creando una casta de intocables que se encuentran por encima de la ley. En una de las democracias más antiguas del mundo, como es la de Estados Unidos, la decisión es muy clara. Los ex presidentes no son investigados ni perseguidos por errores o delitos que pudieran haber cometido durante su gestión. Un ejemplo lo tuvimos hace varios años con Richard Nixon, que cometió varios delitos en el caso de Watergate, que lo obligaron a renunciar antes de ser destituido, pero al día siguiente de irse a su casa, fue amnistiado por el nuevo presidente Gerald Ford. Otro ejemplo más reciente es el de George W. Bush, que mintió al pueblo norteamericano diciendo que en Irak había armas de destrucción masiva, para justificar una invasión militar que tuvo un costo de 850.000 millones de dólares y que ocasionó más de 200.000 muertos. A pesar de eso, él se fue a su casa y Barack Obama no abrió ninguna investigación al respecto.
Sin embargo, en América Latina, en general los ex presidentes son perseguidos e investigados, y en no pocos casos, son enviados a prisión. Aquí cerca, en la Argentina, tenemos los casos emblemáticos de Menem y De la Rúa.
El argumento es que estos presidentes cometieron actos de corrupción y que estos delitos no pueden quedar impunes, porque en una República nadie puede estar por encima de la ley. Pero esta actitud, como mencionaba anteriormente, genera una gran inestabilidad en el sistema democrático.
El modo de encarar el retiro de los ex presidentes es un tema extremadamente complejo y nunca va a haber una solución que satisfaga a todos. Cualquiera sea la posición “no va a haber comida gratis”.
Mi opinión en el caso del Brasil, es que no se puede sostener que las actuales investigaciones sean producto de una persecución política, porque hoy se encuentra en el poder el mismo partido político del ex presidente Lula.
Para mí, estas investigaciones son el resultado de un Poder Judicial absolutamente independiente y son el resultado de una corrupción que superó todos los límites imaginables y tolerables.
De todos modos, en este tema existen tantos intereses y es tan complicado y engorroso que el mismo está abierto a las más variadas interpretaciones.
Pero es un tema que como sociedad tenemos que debatirlo, por el bien de nuestra democracia.
