Si lo que esperaban era frenar la participación estudiantil, consiguieron un efecto totalmente contrario.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción, principalmente los que integran la Asamblea Universitaria, tras la gran movilización estudiantil de #UNAnotecalles, iniciada en setiembre de 2015, habían accedido a trabajar con los estudiantes en un proyecto de reforma de la institución, formando un equipo que elaboró una propuesta de modificación de los estatutos, pero cuando llegó el momento de estudiar esta iniciativa se la dejó de lado y se aprobó otro proyecto, presentado por el vicerrector de Derecho UNA, que excluía totalmente dar mayor participación a los estudiantes en los órganos de decisión y mantenía el modelo anterior.
Eso significaba mantener el mismo modelo de universidad que tanto se había cuestionado con las movilizaciones del 2015, un esquema que se mantenía desde la época de la dictadura, privilegiando a miembros de una claque que se autoasignaba salarios extravagantes; que repartía rubros académicos entre amigos, parientes y amantes; que perseguía a estudiantes críticos y premiaba a los adulones, y que había dejado caer el nivel académico hasta lo más bajo.
Esta nueva burla de las autoridades universitarias contra los estudiantes fue el detonante de una nueva ola de movilizaciones, que esta vez no solamente superó a la del año pasado, sino que inscribe una marca récord en toda la historia de las luchas estudiantiles en el Paraguay: por primera vez, todas las 12 facultades de la Universidad Nacional –incluyendo a los institutos Andrés Barbero, Superior de Lenguas y la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas– han decidido paralizar totalmente sus actividades académicas y lograr un paro del 100% en toda la UNA, hasta conseguir que se convoque a una nueva asamblea y se decida incorporar los reclamos de los alumnos.
Lo que los estudiantes plantean es: un cogobierno democrático, con mayor representación estudiantil en los espacios de decisión y evitar así mayoría propia en los órganos de gobierno; la alternancia en los cargos, que cada consejero sea reelegido una sola vez; que los cargos de confianza no sean ocupados por miembros de los órganos de gobierno.
Esta vez, las autoridades de la UNA han logrado que la universidad esté paralizada totalmente, con el perjuicio que implica.
Por tanto, la responsabilidad de hallar una salida es enteramente de ellos mismos, y no parece ser otra que la de acceder forzadamente a un cambio que ya resulta impostergable.
La lucha por la reforma universitaria no es solo de los estudiantes, sino de toda la sociedad. El Paraguay necesita contar con una Universidad Nacional más democrática y transparente, con una educación de calidad.