EFE.
La partida de educación se aprobó con 26 votos a favor y dos abstenciones, y con ello quedó despachado el proyecto de Presupuesto 2017.
El presupuesto contempla la entrega de 3.500 becas a universidades privadas con más de cuatro años de acreditación de sus planes docentes y un 80 % de alumnos con notas superiores a los 450 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Asimismo, se incrementa el aporte basal a universidades estatales en 3.500 millones de pesos (5,2 millones de dólares), que se suman a los que establecía el presupuesto para el próximo año.
La aprobación fue realizada gracias a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición -que buscó evitar un paso por el Tribunal Constitucional- que no dejó conformes a todos los miembros de la coalición oficialista.
Sin embargo, los miembros de la oposición derechista celebraron el “fin de la discriminación” a los alumnos de las universidades privadas, que inicialmente no estaban contemplados en la gratuidad.
“Hace un año concurrimos al Tribunal Constitucional denunciando que había discriminación arbitraria en la manera en que se estaba tratando a los estudiantes en el acceso a las becas, en el acceso a la gratuidad. Hoy día, un año después, podemos decir que va a haber igualdad de trato a los estudiantes vulnerables que accedan a instituciones de calidad”, dijo el diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente, Jaime Bellolio.
“Esa es una buena noticia para las familias chilenas, buena noticia para las instituciones chilenas y para los estudiantes vulnerables: que no sea la plata que impida que ellos puedan ingresar a la institución que ellos han preferido”, agregó Bellolio.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, manifestó su satisfacción por haber llegado a un acuerdo con la oposición.
“Hicimos algo que creo que fue muy bueno para el país, que es ponernos de acuerdo.”, señaló.
“Olvidémonos del Tribunal Constitucional por un momento, el acuerdo final es bueno para la gente. Nosotros hemos defendido las cuestiones principales, doctrinarias que tenemos como pacto: que el lucro no se mezcla con gratuidad y segundo, que las universidades estatales tengan un trato preferente”, agregó Valdés.
La gratuidad en la educación superior universitaria fue una de las principales demandas de los estudiantes que desde 2011 se lanzaron a las calles para reclamar su derecho a estudiar sin estar condicionados por su capacidad económica.
La iniciativa fue incluida en el programa electoral del segundo mandato de Bachelet y se estableció que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podrían acceder de forma gratuita a la universidad.
Sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó al país austral, el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.
