El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas pidió hace dos semanas a Paraguay que investigue y juzgue a los responsables de las torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura.
Y mostró su preocupación por “el reducido número de víctimas que habrían sido localizadas y que las mismas aún no habrían sido identificadas”.
El Ministerio de Justicia firmó este jueves un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip) para que administre los fondos de 150.000 dólares, trabados durante años a pesar de los pedidos de las víctimas.
El Inecip dispondrá ahora de una primera mitad del dinero que será destinada a contratar al Instituto Forense argentino para que analice en Asunción los restos encontrados durante años de búsqueda por iniciativa de las familias de las personas desaparecidas, dijo a Efe el responsable de iniciar las excavaciones, Rogelio Goiburu.
“Lo importante es que el mismo Estado que cometió esos crímenes horrendos contra la dignidad humana por fin toma cartas en el asunto, es como exigir a un padre que reconozca a su propio hijo”, explicó Goiburu, quien ha dedicado la última década a investigar el paradero de fosas y cuyo padre fue secuestrado durante la dictadura.
El trabajo del Instituto Forense argentino consistirá en rescatar material genético y hacer un perfil que se pueda comparar con las muestras de sangre de 400 familiares, de las que aún solo han podido colectar 80 por la falta de fondos.
“Queda mucho camino por delante, pero yo estoy más feliz que un perro con dos colas, estoy muy feliz realmente, este es el resultado de un largo trabajo de búsqueda y de poder convencer al Estado paraguayo de que debía hacer responsable de la reparación histórica”, dijo el titular de la Dirección de Reparación y Memoria.
“Vamos a poder identificar a compatriotas que dieron su vida para que hoy podamos tener democracia y a convencer cada vez más de que sin el compromiso y la responsabilidad del Estado es imposible construir la democracia con justicia social que queremos”, añadió.
Goiburu había pedido públicamente en reiteradas ocasiones el desembolso de fondos, presupuestados y aprobados hace dos años por el Gobierno anterior para la identificación de 20 cadáveres de personas asesinadas por el régimen militar, que ahora ya son 27.
La Comisión de Verdad y Justicia (CJV) registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.
Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio por motivos políticos durante la dictadura que se convirtió en la más larga de Suramérica y socia de la Operación Condor, un plan de represión de los Gobiernos dictatoriales del Cono Sur.
Goiburu explicó que el convenio también prevé conformar el primer banco de datos genéticos de Paraguay, empezando por los familiares de los desaparecidos.
“Así que como valor agregado obtendremos, con más muestras que tomemos en el futuro en todo el territorio, el perfil genético de la población paraguaya que hasta el momento no tenemos”, manifestó.
Según el funcionario, el Estado debe comprometerse ha dedicarle más fondos para que también sirva al sistema de Justicia.
“Además va a quedar conocimiento en el país porque el equipo argentino va a dictar clases a Criminalística de la Policía Nacional, al Ministerio Público y por supuesto al equipo de búsqueda”, dijo.
