Tras saltar la investigación que llevan adelante los fiscales Igor Cáceres y Josefina Aghemo sobre los presuntos pagos irregulares a falsas víctimas de la dictadura stronista –que salpica al actual contralor de la República, Enrique García– el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, confirmó que durante 15 años el Estado paraguayo tuvo que pagar 120 millones de dólares por el desembolso destinado a la indemnización de supuestas víctimas. Muchas de ellas no cumplían con los requisitos para el efecto, dijo.
“Esto se volvió una despensa, un cajero de dar plata”, refirió Godoy. Además, estimó que “8 de cada 10" casos muestran irregularidades.
Además del actual contralor general de la República (CGR), Enrique García, que cuando se desempeñaba como procurador firmó varias solicitudes de presuntas víctimas falsas; el ex defensor del Pueblo Manuel María Páez Monges es otro implicado. Estos, además de otros funcionarios, también están en la mira.
“Si te traen un expediente en el que una persona está presa por delitos comunes y no por delitos políticos, no podés dictaminar a favor”, expresó Godoy, haciendo alusión a la responsabilidad de García.
Godoy indicó, asimismo, que encontraron muchos casos de personas que estuvieron presas por delitos comunes que fueron indemnizadas a pedido del entonces defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges.
También explicó que el proceso de indemnización debía pasar por unos pasos, como la evaluación de pruebas que se presentan ante el defensor, un dictamen de la Procuraduría que podría ser a favor o en contra y el dictamen del abogado de la Defensoría. De ahí pasa a Hacienda para cobro.
denuncia. Para la actual gestión de la Defensoría del Pueblo, el máximo responsable es Manuel Páez Monges, quien estuvo más de ocho años al frente de la mencionada institución estatal.
De acuerdo con Godoy, la Fiscalía verá si hay otros responsables y qué grado de responsabilidad tienen. La denuncia solamente fue presentada contra Páez Monges, pero fue Enrique García, cuando era procurador, quien daba los dictámenes favorables.
“En lo que va de mi administración, muchos funcionarios que estuvieron en dicho esquema fueron cesados, ya que se prestaron para el mencionado cobro indebido”, mencionó Godoy en una entrevista a la 1080 AM.
En otro momento, mencionó que ahora se está haciendo “un fino filtro y se les paga a quienes en realidad demuestran que fueron víctimas de la dictadura”, ya que presentan sus correspondientes hábeas data y la firma de los encargados del conocido como Archivo del Terror.
“Ya hemos ahorrado algo más de 38.000 millones de guaraníes en nuestra administración”, mencionó Godoy.
La Fiscalía investiga actualmente unas 26 carpetas de supuestas víctimas falsas que recibieron importantes sumas de dinero, cuyo perjuicio asciende hasta G. 3.300 millones, según la pesquisa.
En su oportunidad, el fiscal Igor Cáceres había manifestado que pese a que no existe aún ninguna imputación, la investigación sigue su rumbo y ya cuentan con elementos que comprueban varias falencias en los desembolsos.