Bettina Ovando, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Capital, aclaró que cuando, a pesar de los trabajos de Codeni o los programas de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), los adultos incumplen con lo establecido, sí puede judicializarse.
Los padres y mayores que explotan a niños están expuestos a una imputación penal por violación del deber del cuidado.
“Solo que antes de que se judicialice en el ámbito penal o en la niñez como niños en situación de vulnerabilidad o maltrato, el sistema administrativo, a través de las Codenis, tendrían que trabajar con las familias. Deben hacerlo con esos padres adultos, a fin de hacerles conocer el alcance del ejercicio de una patria potestad o mejor hoy llamada Responsabilidad Parental”, señala la defensora de la niñez y la adolescencia.
Doctrina. Comentó también que en caso de recibir una denuncia sobre este tipo de situaciones, primeramente se ve si están dentro de algún programa de acción social. En caso de no ser así, se los trata de incluir y la Codeni debe activar sus funciones establecidades en el artículo 34 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Ovando aclara también que los arreamientos atentan contra la doctrina de Protección Integral, lo que vino a cambiar la mirada hacia el niño, niña y adolescentes como sujetos de derechos que tienen el derecho de ser oídos. También desjudicializa los problemas sociales y los hace ver desde otro lugar.
Por eso el Código crea el Sistema Nacional de Protección. El juez ya no debe meterse en todos los problemas familiares, sociales etc. “Primero se ve desde lo administrativo y por último es la judicialización”, expresa la defensora.
En varias arterias asuncenas, se ven cada día varios menores que piden dinero a los automovilistas. En los últimos años se han sumado chicos de diferentes parcialidades indígenas. Varios de ellos han caído en el flagelo de la drogadicción, consumiendo crac y otras drogas.
Vulnerabilidad
Camilo Cantero, representante de la Coordinadora de Magistrados de la Niñez y la Adolescencia, enfatiza que la situación que viven los menores viola todas las normas y tratados nacionales y los que a nivel internacional suscribe el país. A ello le suma incluso el no cumplimiento del artículo 54 de la Constitución Nacional. Dicho artículo, pone a la familia como responsable del cuidado del menor. “Si los niños son manipulados, el fiscal de turno debe adaptar la conducta de la persona (el adulto), a normas penales vigentes”.