Procesos por coimas filmadas con cámaras ocultas y multimillonarios perjuicios a las arcas del Estado siguen congelados en el Poder Judicial. El 2013 pasó sin que se resuelvan estas causas, a pesar de que hace varios años están “en estudio” en los despachos de magistrados de distintas instancias del ámbito penal.
El más antiguo de estos casos es el del ex intendente de Lambaré, Juan Martínez. Ya en el 2007 la Fiscalía Anticorrupción solicitó que este político colorado vaya a un juicio oral por un perjuicio de más de G. 2.600 millones producido a través de sobrefacturaciones de obras y las llamadas “cajas paralelas” en las que supuestamente se desviaron impuestos pagados por lambareños. Luego de varias idas y vueltas en el proceso, el caso sigue pendiente de una audiencia preliminar.
En similar circunstancia se encuentra la causa al ex gobernador de Ñeembucú Juan Carlos Bottino, de la ANR. Él también fue acusado en el 2007 por un daño patrimonial al Estado de G. 1.402 millones en obras de la Gobernación sobrefacturadas. Hasta ahora tampoco se hizo la audiencia preliminar del caso. Esta diligencia es importante, ya que ahí un juez debe definir si el caso va o no a un juicio oral.
Otro de los casos emblemáticos de la Fiscalía Anticorrupción también cumplió otro año sin que tenga una definición. Se trata del proceso por cohecho pasivo al ex fiscal Juan Claudio Gaona, quien fue acusado de supuestamente recibir G. 90 millones para no imputar a un empresario denunciado.
Hasta ahora el proceso a Gaona no pudo llegar a una audiencia preliminar. En este caso, los mismos agentes a cargo de la causa admiten que, a raíz de la morosidad, los delitos por los cuales el ex fiscal fue procesado ya prescribieron.
El caso del ex síndico general de Quiebras Gerardo Sanabria Mora es distinto al resto, ya que está hace más de seis años cajoneado en la misma Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Constitucional debe resolver una acción planteada por la Fiscalía para evitar que el proceso sea llevado al fuero civil.
Sanabria Mora está acusado de haber generado un perjuicio económico al Estado de más de G. 2.600 millones al supuestamente no impedir que un inmueble del Banco Comercial Paraguayo (Bancopar) sea rematado y pase a manos del propio abogado de la entidad, quien a su vez cobró dinero por los servicios que prestó.
LEY ANTIMORA. A partir de setiembre del 2014 entrará en vigencia la ley 4669/12, conocida popularmente como la ley antimora. Esta normativa reduce a 3 años el plazo máximo de duración del proceso, en primera instancia, y 6 meses más para que se tramite la apelación.
La ley había sido sancionada por el Congreso el 28 de junio de 2012, sin publicidad alguna, y el 20 de julio de ese año fue promulgada por el entonces presidente de la República, Federico Franco.
Sin embargo, en setiembre de aquel año el mismo Franco firmó la promulgación de la suspensión por dos años de la vigencia de la ley.
La nueva ley modifica los artículos 136 y 137 del Código Procesal Penal. Asimismo le quita la responsabilidad a los ministros de la Corte Suprema, ya que no contabiliza el plazo para que un juicio esté con la acción de inconstitucionalidad o recurso extraordinario de casación en la máxima instancia judicial.
Además, en la norma jurídica se presume la negligencia de los magistrados si es que un caso se extingue, con lo que los jueces deberán probar que no tuvieron nada que ver con la extinción. Desde la Fiscalía Anticorrupción anunciaron que la normativa afectará a varias de sus causas.