El caso de la niña de 10 años, embarazada de su padrastro, llamó la atención de las organizaciones a cargo de la defensa de los niños y la mujer. Especialmente por ser un caso que ya había sido denunciado ante las autoridades hace dos años.
La madre de la menor realizó una denuncia donde acusaba a su pareja de haber violado a su hija, de entonces apenas 8 años. Sin embargo, no se tomaron medidas en el caso.
“El caso es producto de la inacción del Estado y la falta de una política efectiva de prevención. Tampoco se implementaron medidas para proteger a la niña o prevenir otras posibles situaciones de abuso”, manifiestan las organizaciones a través de un comunicado.
Las organizaciones reclaman además que a pesar de haber recibido reiteradas recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas de revisar la legislación punitiva del aborto y desarrollar políticas efectivas que prevengan el embarazo no deseado, a la fecha el Estado paraguayo hizo caso omiso a las mismas.
“Nuestro país es el único que no tiene una Política Pública de Educación Integral de la Sexualidad, que prevenga el abuso sexual, el embarazo adolescente y provea a los menores de información científica para denunciar, prevenir y tomar las medidas”, explican los gremios.
Los movimientos urgen la aplicación de la disposición constitucional sobre el derecho a la vida, con garantía para la salud física, mental y emocional (Art. 4 CN).
También tener en cuenta la Convención Internacional sobre los derechos del niño que dispone se tomen las medidas necesarias en las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos para prevalecer el interés del niño.
Al Ministerio de Educación le piden que derogue de manera inmediata la resolución Nº 35.635, que prohíbe la implementación del “Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad”, a fin de facilitar a niños, niñas y adolescentes de información para prevenir hechos de abuso y violencia, para el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos (Art. 14 -Ley 1680/01).
También exigen a los medios de prensa la protección de los datos de la niña y la revictimización, al igual que la investigación y el debido proceso del caso en el sistema judicial del país, sancionando a los responsables.
