El luguista Hugo Richer sugiere seriedad porque se podría perder la credibilidad.
“Lo que me parece que hay que cuidar siempre cuando se va a tomar una decisión política, que realmente esté fundamentada y que sea seria”, consideró el senador.
Es que desde el oficialismo ya se está queriendo instalar la posibilidad de la pérdida de investidura de Bacchetta.
“De lo contrario, lo que se hizo hasta ahora puede perder seriedad”, indicó Richer.
“Si se quiere seguir avanzando en el ámbito político institucional sobre estos temas, hay que ser muy serios en las acusaciones y la fundamentación de lo que se plantea”, manifestó.
“En el caso de Bacchetta, creo que no hay audios, por ejemplo, entonces cuál es la valoración que se va a hacer a partir de registros de llamadas”, fue su duda.
“Si entramos simplemente en una cuestión de vendettas políticas por las internas de ciertos partidos se puede perder credibilidad”, insistió.
“Igualmente, si no se investiga y se apañan solamente, también puede perder credibilidad”, consideró.
El liberal Fernando Silva Facetti no cree que se trate de tráfico de influencia, por lo que a su criterio no corresponde ni desafuero ni pérdida de investidura.
Refirió que no existe ninguna prohibición de que un parlamentario hable por teléfono con un juez o con un ministro de la Corte.
“Un cruce de llamadas ilegal, sin siquiera haya una causa abierta que investiga algún hecho concreto en la Fiscalía ni un pedido de desafuero de un juzgado de garantía”, dijo.
“No se podría tratar el desafuero ni mucho menos la pérdida de investidura”, refirió. “Para el tráfico de influencia tiene que estar en relación de dependencia, es decir, el sujeto sometido a la presión, un ministro a un juez”, señaló.
“Pero un juez no está obligado a dar cumplimiento a un pedido de un cura párroco, un periodista o un parlamentario. Si lo hace, es su responsabilidad”, indicó.
“Tienen toda la libertad de rechazar cualquier tipo de insinuación y, es más, están obligados a denunciar en caso de que eso se dé así”, sentenció.
“El senador Miguel López Perito también minimizó el cruce de llamadas en el caso de Baccheta, alegando que no prueba nada y lo calificó como ilegal.