Los parlamentarios opositores sancionaron un “acuerdo en defensa de los derechos políticos de los electores del estado Amazonas”, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusan de aliado del Gobierno, ratificara el 11 de agosto la suspensión de tres legisladores de esa región por supuestas irregularidades electorales.
La oposición acudirá a la OEA y ONU para “requerir que actúen ante esta grave vulneración de los derechos humanos, de la autonomía del Parlamento y del orden constitucional y democrático”, dijo el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, en sesión extraordinaria.
El Legislativo remitirá copias del acuerdo a las secretarías generales de ambas instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la Unión Interparlamentaria, precisó Ramos Allup.
La bancada chavista se negó a respaldar la propuesta y advirtió que el Parlamento se encuentra en desacato, tal como indicó el TSJ, mientras insista en mantener en sus curules a los legisladores.
La corte “es el máximo y último intérprete de la Constitución, por ello todos los poderes públicos deben acatarlo”, replicó el diputado oficialista Julio Chávez durante el debate.
El pasado 28 de julio, la oposición juramentó a sus tres diputados en Amazonas pese a que su elección se encuentra suspendida ante acusaciones de fraude del oficialismo. afp
