La denuncia de administración fraudulenta, que forma parte de una serie de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, argumenta que si la ex presidenta era responsable de la política económica del país también lo es Macri ahora, por lo que los fallos de los distintos jueces federales deberían estar en línea.
Fernández se encuentra procesada en una causa en la que se investigan operaciones del Banco Central realizadas en diciembre del 2015, que obligaron al Estado a desembolsar millones de dólares este año tras una fuerte devaluación del peso local.
“En definitiva, más allá de la diferencia de instrumentos financieros y cambiarios, las maniobras son idénticas y persiguen la misma finalidad”, afirma el escrito presentado por Héctor Recalde y Diana Conti, entre otros diputados del peronismo.
Acusaron ante la Justicia también al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, de “administración fraudulenta” por una emisión excesiva de bonos locales conocidos como Lebac, que ya habrían superado la base monetaria.