06 may. 2024

No jugar con la salud en cifras sobre el impuesto al tabaco

Resulta contradictorio que desde el propio entorno del presidente de la República se cuestionen las cifras que son oficiales sobre los costos que el consumo del tabaco tiene sobre la salud pública, ya que provienen de un estudio técnico que es avalado por el propio Ministerio de Salud. Aunque el empresario José Ortiz hable en nombre de las empresas tabacaleras para oponerse al proyecto de aumentar el impuesto al tabaco, él es también uno de los asesores más influyentes del Ejecutivo. Más allá del conflicto entre el negocio particular de la familia presidencial y la gestión gubernamental requerida ante un caso de interés público, debe primar el bienestar de la población, con cuya salud no se debe jugar.

Resultan llamativos los cuestionamientos realizados por el empresario tabacalero José Ortiz a las cifras oficiales que contiene una investigación avalada por el propio Ministerio de Salud sobre lo gastos que implican para el sistema de salud el consumo del tabaco, buscando desacreditarlas ante el próximo tratamiento del proyecto de ley que propone aumentar el impuesto del tabaco en un 30% y establecer un arancel de G. 1.500 por cada cajetilla de cigarrillo.

Ortiz, además de ser el gerente de la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del Grupo Cartes, es también uno de los principales asesores del presidente de la República, Horacio Cartes, y a menudo realiza acciones en su representación en esferas del Gobierno. Por ello, no deja de ser contradictorio que ponga en dudas los datos contenidos en el estudio El tabaquismo en Paraguay. Muerte, enfermedad y situación impositiva, realizado y divulgado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

La investigación sostiene que el Estado paraguayo gasta G. 1.568.718.119.540 en el tratamiento de diversas enfermedades causadas por el consumo del tabaco, como los males cardiacos y pulmonares, accidentes cerebrosvasculares, cánceres, neumonía y otros.

En contrapartida, el Paraguay sigue siendo uno de los mayores productores de cigarrillos en la región que –según los reiterados reportes de la Policía Federal brasileña– en su mayoría cruzan de contrabando hacia el vecino país, mientras aquí se cobran impuestos más bajos a la producción del tabaco –apenas el 16%–, cuando en países vecinos se cobran impuestos más altos –Chile, el 80,8%; Argentina, el 69,8%, y Brasil, el 64,9%–.

En nuestra edición de la víspera, la sección ÚH Verifica hizo el chequeo de las cifras cuestionadas por el empresario y asesor presidencial José Ortiz, y obtuvo como respuesta que la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles del MSP confirmó plenamente los mismos datos contenidos en el estudio oficial sobre El tabaquismo en el Paraguay.

Es evidente que ante el próximo tratamiento del proyecto de ley que busca aumentar el impuesto al tabaco, existe un conflicto de intereses entre la requerida gestión gubernamental ante una cuestión de salud pública y la preocupación de un sector empresarial que forma parte del entorno gubernamental, pero que a la vez también ocupa cargos directivos en industrias tabacaleras que pertenecen al Grupo Cartes y que se encuentran desplegando un fuerte lobby en el Congreso para evitar que dicha ley sea aprobada.

Sin embargo, en una situación así debe primar el interés público por encima del interés privado. No se puede tratar de falsear cifras que son oficiales y jugar con la salud de la población.

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