Durante el gobierno de Fernando Lugo, la empresa LCH SA –que pertenecía en parte a Juan Carlos López Moreira– consiguió su primer contrato de prospección de petróleo en suelo paraguayo. El negocio continuó durante el gobierno de Horacio Cartes y actualmente, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia ostenta un polémico doble rol: accionista de la principal empresa buscadora del crudo en el Chaco y a la par coordinador de la Política Energética del país.
Con Efraín Alegre como ministro de Obras Públicas, la firma de López Moreira consiguió un contrato de prospección en el bloque Pirity (Boquerón). La empresa que perdió la concesión fue Pirity Hidrocarburos SRL que judicializó el caso. Luego la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la concesión a Pirity Hidrocarburos.
Finalmente, ambas firmas llegaron a un acuerdo en el 2012, con el cual la empresa de López Moreira se quedó con el 5% de los derechos de exploración del bloque.
Ya en junio del 2014, la compañía multinacional President Energy compró LCH SA. El acuerdo incluyó un pago de USD 250.000 a los accionistas de LCH y una entrega de acciones de President Energy valuadas en USD 5 millones. Así, el jefe de Gabinete de Cartes se convirtió en accionista de la principal buscadora de petróleo en el Chaco.
En octubre de este año, el presidente Cartes nombró como coordinador de la Política Energética a López Moreira. Su secretario ejecutivo, según el decreto, es el propio viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano.
CONFLICTO. Si bien López Moreira afirma que no hay ningún conflicto de intereses, senadores de la oposición y disidencia colorada sostienen que la Fiscalía debe abrir una investigación penal. Asimismo, los legisladores anunciaron una interpelación al jefe de Gabinete, a fin de que brinde explicaciones.
Por otro lado, cuestionan que en el 2015 el Ministerio de Obras Públicas benefició a President Energy con una ampliación del plazo para la búsqueda de petróleo, pero por otro lado rechazó pedidos similares de otras dos firmas. El ministro Ramón Jiménez Gaona sostuvo que President Energy fue la única en cumplir con las inversiones estipuladas en contratos. Crescent Global Oil, una de las empresas rechazadas, lo desmintió.
