Benítez lamentó que no exista una cultura de pago de tributo inmobiliario en el país. A ello sumó la falta de modernidad en varios municipios, por lo cual indicó que la Opaci está trabajando en un plan que ayude a las ciudades a contar con un departamento de catastro modernizado.
Entretanto, el titular de Catastro, Francisco Ruiz Díaz, indicó que una persona puede adeudar el impuesto inmobiliario hasta un plazo de 20 años sin tener ningún problema, por lo cual se busca una ley que desprenda la administración del impuesto inmobiliario del Estado central y lo traslade a los municipios.
Según datos de Catastro, la morosidad estimada del impuesto inmobiliario está en torno al 87% (con respecto al potencial de recaudación) y en el sector urbano en torno al 60%. A esto se debe agregar que el 35% de los 250 municipios no tienen una oficina de catastro. De los municipios que sí cuentan con una oficina, el 60% no cumple con lo establecido en la Ley 3960/10, Orgánica Municipal, sobre la delimitación de las zonas urbana y rural.
Agregó que el 40% restante tiene delimitación de la zona urbana con base en una institucionalidad colonial (tiene como base la Iglesia y 1.000 metros desde allí).
DESCENTRALIZAR. Ruiz Díaz dijo que hay un problema de carácter estructural, porque la Ley 125/91 (de Reforma Tributaria) es una normativa de la administración tributaria central, mientras que el impuesto inmobiliario es un capítulo dentro de la ley. Recordó que el impuesto inmobiliario fue descentralizado por la Constitución.
“La pregunta es qué hace un impuesto descentralizado dentro de una estructura tributaria central. Eso hay que alinear. Se tiene que empezar a hablar sobre el impuesto inmobiliario como un impuesto descentralizado, porque en la Constitución Nacional se descentralizó el impuesto, pero quedó atrapado en un marco institucional centralizado”, agregó el titular de Catastro.
Indicó que se analiza la posibilidad de tener como un apartado especial el impuesto inmobiliario. Para ello, comentó, se debe pedir una modificación al Congreso, y alinear el impuesto inmobiliario al mando constitucional.
Añadió que una vez aprobada la descentralización de la administración del tributo, se pueden establecer mecanismos que ayuden a mejorar las recaudaciones y que mejoren la productividad de la administración tributaria de los gobiernos locales.
Refirió que recién se están iniciando los estudios sobre este tema, debido a que no hay especialistas a nivel nacional sobre impuesto inmobiliario. “Son temas poco conversados o analizados, y desde que se descentralizó nadie le dio más importancia... Hay una preocupación. Porque ningún país serio puede decir que tiene el 90% de evasión, quiere decir que no existe una fiscalidad seria desde ese punto de vista”, manifestó.
