A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) solicitó un informe a la Corporación Vial del Uruguay (CVU), respecto a los cuestionados documentos que presentó la empresa charrúa Ramón C. Álvarez Construcciones SA para adjudicarse la operación de 13 puestos de peajes en las rutas del país, consorciada con la empresa local CDD Construcciones SA.
Así informaron ayer a este medio la viceministra de Finanzas Marta Benítez y el abogado Dionisio Mereles, asesor jurídico de la cartera, después de que haya salido a luz que la compañía uruguaya engañó al MOPC, acreditando una experiencia que no tenía, para ganar la millonaria adjudicación. Este hecho ya fue advertido desde Uruguay, vía correo electrónico, a las principales autoridades de Obras Públicas.
En la edición de ayer, ÚH evidenció a través de documentos oficiales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y la CVU, que Ramón C. Álvarez no contaba con los cinco años de experiencia en operación de peajes (entre el 2002 y 2007), que acreditó en su oferta. La compañía solo tenía un contrato de 3 años y cinco meses (desde el 2002 hasta el 2005), por lo que no podía ganar la licitación en cuestión, pues el pliego exigía una experiencia mínima de cuatro años.
“Nosotros procedimos a una consulta vía Cancillería, porque esto ya trascendió fronteras, entonces lo vamos hacer bien formal, teniendo en cuenta que es un proceso muy importante para nosotros y lo vamos hacer bien formal. Que Cancillería intervenga y haga llegar el documento oficialmente”, expresó Benítez.
Por su parte, Mereles dijo que en este momento es aún difícil hablar de alguna consecuencia que se podría tener sobre la adjudicación, como por ejemplo la cancelación de la concesión, ya que hasta ahora no manejan ninguna documentación oficial, lo cual se tendrá con la intervención de la Cancillería.
“Todos los oferentes que se presentan en un proceso licitatorio saben cuáles pueden ser las consecuencias en caso de presentar alguna documentación que no condice con la veracidad. Ellos saben bien que hay un proceso ante Contrataciones Públicas, saben bien que hay un sumario, y saben bien que se les puede inhabilitar hasta tres años”, expresó.
Respecto al correo que remitió la CVU a las principales autoridades del MOPC, advirtiendo sobre el error en la oferta de Ramón C. Álvarez Construcciones, los funcionarios aclararon que el documento fue enviado de manera informal (sin una solicitud del MOPC) y también fuera del plazo y del proceso licitatorio (después de la adjudicación).
Por ahora, el MOPC aclaró que verificará la veracidad de la nota que remitió por correo la CVU antes de tomar alguna determinación. Mientras tanto, Mónica Rodríguez, funcionaria de CVU, que remitió el mencionado email, confirmó en contacto con ÚH que definitivamente hubo un error en el certificado que presentó Ramón C Álvarez.