Elías Cabral | Canindeyú
En la oportunidad se reunieron con los magistrados, camaristas y abogados para escuchar los distintos reclamos sobre las necesidades, falencias y fortalezas que se tienen en la Decimoquinta Circunscripción Judicial, de Canindeyú, donde ambos son superintendentes.
El momento más candente fue cuando escucharon las diferentes quejas de los abogados y particulares. Saúl González Ayala, titular del Colegio de Abogados departamental, leyó una nota que posteriormente fue entregada a los ministros.
En el escrito, los profesionales del Derecho denunciaron la excesiva mora judicial, el comportamiento inadecuado de los jueces y a funcionarios que utilizan sus celulares hasta en los juicios orales, aparte de utilizarse el Poder Judicial como local de festejos.
Por su parte, el abogado Aureliano Britez señaló el buen trato y comportamiento de las magistradas del nuevo Juzgado de Katueté.
Sin embargo, el momento cúspide del encuentro fue cuando la concejala Mirian Amaral (ANR), lagrimeando, manifestó que pidieron a su familia entre USD 50.000 a USD 100.000 en relación con el caso de su hijo Bruno da Costa Amaral, quien está recluido desde hace más de un año a raíz de la incautación de 30.000 kilos de billetes venezolanos en su vivienda.
Entretanto, el abogado Gustavo Brítez, presidente de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, reconoció que existen varias necesidades, pero que se está trabajando incansablemente, de manera a mejorar el sistema judicial en el departamento.
Finalmente, se inauguró la moderna cámara Gesell, que tuvo una inversión de G. 250 millones, y se desarrolló un curso para los jueces, funcionarios y abogados sobre implementación de trámites judiciales electrónicos.
