BRASILIA-BRASIL
La mayoría de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, se pronunció contra la posibilidad de que una persona procesada por la Justicia pueda ejercer alguno de los cargos en la línea de sucesión de la Presidencia de la República.
Pese a que 6 de los 11 miembros de la máxima corte rechazaron la posibilidad de que procesados puedan llegar a ocupar la Presidencia indirectamente, el juicio sobre el asunto fue aplazado por petición de uno de los magistrados, que pidió más tiempo para analizar el caso.
Como uno de los magistrados se abstuvo alegando motivos personales, el veto a los procesados se da como un hecho debido a que tan solo faltan cuatro jueces por pronunciarse y difícilmente los seis que ya lo hicieron cambiarán su voto.
La prohibición se extiende al vicepresidente de la República, primero en la línea de sucesión, y a los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y del propio Supremo Tribunal Federal, que son los tres que en ese orden ejercerían como jefe de Estado en caso de ausencia del titular.
La denuncia presentada ante la Corte Suprema por el partido Red de Sustentabilidad busca impedir que algún político procesado penalmente, aunque no haya sido condenado, pueda ejercer alguno de los cargos mencionados.
El Supremo comenzó a analizar el caso en mayo pasado, cuando la Justicia aceptó una denuncia penal contra el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, primero en la línea de sucesión en medio del proceso destituyente contra la ya ex presidenta Dilma Rousseff.
Durante el juicio político a Rousseff, el entonces vicepresidente, Michel Temer, asumió como jefe de Estado y el primero en su línea sucesoria era Cunha, un diputado procesado por la Justicia y con múltiples denuncias por corrupción. En agosto Temer asumió la Presidencia con plenas funciones tras la destitución definitiva de Rousseff.
