El derrumbe del baño en el colegio José Dolores González, en San Lorenzo, coincide con la reanudación de las movilizaciones convocadas por la Unión de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy), que desde hoy realizan una serie de sentatas frente a los colegios públicos, reclamando mayor presupuesto para el sector de la educación.
Desde la caída del techo de un aula en un colegio nacional de Lambaré, en momentos en que los alumnos estaban dando clases, se han sumado cerca de una decena los locales educativos que han sufrido casos de derrumbe en varios puntos del país, debido a los largos años de falta de mantenimiento y abandono de las instalaciones en muchos casos, pero en otros –como el de Lambaré–, en construcciones relativamente recientes, en donde se presume fueron utilizados materiales de baja calidad, con el aparente desvío de parte de los fondos.
Esta crítica situación, que fue uno de los elementos que empujaron a los alumnos a las calles y a tomar sus propios colegios en mayo último, provocando la forzada renuncia de la entonces ministra de Educación, al parecer no ha variado mucho, a pesar de las promesas del presidente Horacio Cartes y del actual ministro de Educación, Enrique Riera, de proceder a la reparación y a la construcción de locales educativos. Los edificios se siguen cayendo a pedazos, con el consiguiente peligro que ello representa para los alumnos. En otro caso reciente, en Piribebuy, un alumno resultó seriamente lastimado cuando parte del aula se le cayó encima.
Las nuevas movilizaciones de los estudiantes secundarios ponen el foco en que la respuesta a la crisis no debe ser puramente cosmética, en cuanto a solo reparar aulas o construir nuevas. La demanda de los jóvenes apunta a que se inviertan 960 millones de guaraníes más en el rubro de la educación, en un proceso gradual que pretende lograr que el 7% del producto interno bruto se emplee en el sector.
Destinar recursos es un paso importante, pero aún más será insistir en la capacitación de los docentes, en el control transparente del uso de los recursos ya existentes y, sobre todo, en diseñar una política educativa con la participación activa de todos los actores sociales.
En pocos días más se iniciará el mes de setiembre, considerado el mes de la juventud. Será probablemente un tiempo de muchas movilizaciones, en continuidad a la aclamada primavera estudiantil, secundaria y universitaria, que se inició en el 2015. En la medida en que el Gobierno responda con mayor eficiencia a los reclamos y la sociedad toda acompañe el proceso, se podrá lograr el mejoramiento de la educación, factor clave para avanzar como país.