18 abr. 2024

Marzo, el aciago mes de las violaciones constitucionales

A casi un año del intento de violación de la Constitución Nacional a través de la meteórica aprobación de la enmienda constitucional para impulsar la reelección presidencial, en el Congreso se concretó en una semana otro golpe parlamentario que apunta al blindaje de senadores y diputados que están terminando el periodo, y que también estaría beneficiando a los que resulten electos en los comicios del 22 de abril.

Fuego.  El edificio del Congreso en llamas tras las protestas contra la enmienda constitucional para la reelección.

Fuego. El edificio del Congreso en llamas tras las protestas contra la enmienda constitucional para la reelección.

La reelección presidencial había sido hace un año producto de un pacto entre el propio presidente Horacio Cartes y dos ex presidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo. Se había generado una crisis en el Parlamento que finalmente derivó en consecuencias nefastas: el incendio del edificio del Senado, el atraco policial al PLRA y el asesinato del joven dirigente del citado partido, Rodrigo Quintana.

Durante todo este tiempo sigue la encrucijada y aún no hay respuesta de la Justicia.

En la Cámara Alta, una mayoría de 25 senadores colorados, liberales y luguistas propiciaron entonces modificaciones al reglamento interno para que no dependan de una mayoría calificada y así llevar adelante el plan que se gestó entre cuatro paredes dentro de la bancada del Frente Guasu.

Cartes finalmente decidió abandonar el barco, dejando a la deriva a los luguistas, y se volcó a la competencia por el Senado. Tomaron el mismo camino Lugo, quien va por el rekutu, y Duarte Frutos. Este último hará su segundo intento de ocupar una banca.

Al igual que el actual mandatario, Nicanor también procuró su reelección y al no tener el apoyo esperado, se candidató al Senado, se lo impugnó, la Corte lo habilitó, pero su problema fue que no lo dejaron jurar.

Tras el fracaso de la enmienda, cartistas y opositores se habían enfrascado en una batalla que incluyó hasta acciones judiciales, que se resolvieron casualmente también a un año y sirvieron para que el presidente Cartes pueda lograr los votos para su candidata a la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñónez.

Las internas coloradas que consagraron a Mario Abdo Benítez como el candidato para la presidencia de la República fueron el primer paso en busca de la paz partidaria, y al mismo tiempo la división entre las bancadas coloradas en la Cámara Alta.

Blindaje. En medio de la campaña, en vísperas de las internas en diciembre pasado, se dio un hecho sin precedentes en el Congreso. Por primera vez desde la creación de la Constitución Nacional, en el Senado se decidió aplicar la pérdida de investidura al cartista Óscar González Daher, y a Jorge Oviedo Matto del Unace.

Ambos siendo representantes del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados protagonizaron audios que revelaron tráfico de influencia. El senador luqueño perdió la investidura, pero el oviedista pidió socorro para no pasar la misma vergüenza y rogó que se le acepte la renuncia.

Luego quedó en el ojo de la tormenta Adolfo Ferreiro, quien había ingresado a la Cámara Alta por Avanza País, y ahora busca el rekutu por Avancemos. También se filtraron audios y Eduardo Petta ya anunciaba que promovería su pérdida de investidura.

En el primer día del reinicio de la sesión de Diputados tras el receso parlamentario, la semana pasada, los diputados asestaron el primer golpe aprobando la modificación de un artículo constitucional que blinda la investidura, reglamentando mayor cantidad de votos y fallo judicial para que un senador o diputado quede fuera del Congreso.

Una semana después, el pasado jueves, en Senado estaba todo cantado. Colorados y liberales divididos se unieron y contaron con los votos de Ferreiro y Miguel López Perito para lograr los 23 y sancionar el autoblindaje.

Ahora está en manos de Cartes la promulgación o el veto de la ley. Según el Frente Guasu, que fue su aliado para la enmienda, el mandatario es uno de los que serán beneficiados, además de varios otros, involucrados en hechos de corrupción; sobre todo, González Daher, quien está en la lista de la ANR y sobre el que pesaba una nueva amenaza de pérdida de investidura tras ser elegido en abril.

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