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Política
domingo 14 de mayo de 2017, 01:00

Margarita Morselli accionó contra su jubilación y sigue al frente de El Cabildo

Con la acción planteada por Margarita Morselli en contra de su jubilación, suman un total de 19 funcionarios del Congreso, Senado y Diputados que obtienen una sentencia favorable para mantener sus salarios y sus cargos.

De acuerdo a los antecedentes que se citan en el oficio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Morselli ocupa el cargo de directora general de El Cabildo, programa dependiente del Congreso, hace 11 años.

En la página web del Senado se precisa que la funcionaria ingresó a la institución en el 2004. Percibe un salario de G. 17.700.000.

Además, recibe en concepto de gasto de representación G. 3.927.900, así como en bonificaciones y gratificaciones G. 4.325.580, sumando un total de G. 25.953.480, en forma mensual.

La Sala Constitucional de la Corte está conformada por Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña y Antonio Fretes. Ambas ministras votaron a favor y el ministro en contra.

Peña incluso en su argumentación favorable recordó que han sostenido en reiterados fallos uniformes que una persona jubilada, mayor de 65 años de edad, puede volver a ingresar en la función pública.

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En su escrito de acción de inconstitucionalidad, Morselli revelaba que estaba próxima a cumplir los 65 años.

Peña trajo a colación que el único requisito para retornar a la función pública está establecido en el artículo 47, numeral 3, de la Constitución respecto a la idoneidad “que es la capacidad o capacitación para el desempeño de un cargo un función pública”.

Bareiro de Módica sostuvo que la disposición de la jubilación, aparte de ser discriminatoria por no tener en cuenta su desempeño profesional, implica un menoscabo a sus ingresos. Destacó que Morselli “goza de buena salud y capacidad física y mental para seguir en el cargo”.

Peña invocó el artículo constitucional que hace referencia a la calidad de vida.

“Una norma que impide al individuo desarrollarse dignamente como persona por medio del trabajo cuando se encuentre en condiciones físicas y síquicas para hacerlo, no es funcional a la norma constitucional citada”, consideró.

“La acción se agrava cuando el haber jubilatorio otorgado al individuo es exiguo, impidiéndole afrontar dignamente los avatares propios de la vida y la edad”, alegó.

“Es bien sabido que a medida que la persona avanza en años, los requerimientos de la salud van también en aumento, circunstancia que impone que el individuo cuente con un haber jubilatorio razonable que le permita acceder a una vida en las condiciones garantizadas en la Carta Magna”, fue su argumentación.

Con los otro 18 funcionarios que accionaron y tuvieron vía libre a su pedido de retornar a sus cargos prácticamente se tuvo el mismo alegato que el de Morselli.

A pedido del Ministerio de Hacienda, el año pasado el Senado había remitido la lista de los funcionarios que se acogerían a la jubilación.

En total fueron 32 los que contaban con esas condiciones, pero 18 de ellos fueron los que presentaron una acción de inconstitucionalidad.

En Diputados el caso que se dio fue el del secretario general Carlos Antonio Samudio Ayala, quien seguirá en su cargo.

modificación presupuestaria. En Diputados está pendiente una modificación presupuestaria para incluir los salarios de los jubilados que vuelven a la función pública.