La propuesta se presentó durante una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN convocada para tratar el problema rohinyá por la jefa de facto del Gobierno birmano en Rangún, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.
El jefe de la diplomacia malasia, Anifah Aman, opinó en su intervención que esta crisis se ha convertido en un asunto regional y planteó que el bloque coordine la prestación de ayuda humanitaria a la zona.
Aman requirió de las autoridades birmanas, en estas labores humanitarias, acceso sin restricciones a organizaciones como la Cruz Roja al estado de Rakáin (oeste), hogar de la mayor parte de los 1,5 millones de miembros de la comunidad rohinyá en el país y aislado desde el 9 de octubre por una operación del Ejército.
La ASEAN está formada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
El canciller malasio sugirió que la ASEAN cree una comisión de expertos con la misión de investigar la situación en Rakáin y proponer soluciones a la crisis.
“Creo que, de acuerdo con el espíritu de mantener la centralidad y cohesión de la ASEAN, debemos abordar esta cuestión de forma colectiva”, expuso Aman a sus homólogos, según el diario malasio The Star.
Malasia tiene particular interés por los rohinyás porque muchos miembros de esta etnia acuden en busca de oportunidades a territorio malasio o a Indonesia, otra nación de mayoría islámica que también ha expresado su preocupación por sus hermanos musulmanes.
La operación militar en Rakáin, represalia a un ataque a tres puestos fronterizos el 9 de octubre pasado, ha causado hasta la fecha al menos 86 muertos, según cifras oficiales que las oenegés elevan a centenares, y 30.000 desplazados.
Unos 27.000 rohinyás han escapado a Bangladesh de los asesinatos de civiles y otras violaciones de los derechos humanos que comete el Ejército birmano, según organizaciones como Amnistía Internacional (AI).
“Soldados y policías han disparado indiscriminadamente y matado civiles, violado mujeres y niñas, incendiado aldeas enteras y arrestado arbitrariamente rohingyás sin ofrecer información sobre su paradero o cargos”, denunció AI en el informe presentado hoy.
“Estas acciones han sido una forma de castigo colectivo contra los rohingyás en el norte del estado de Rakáin y pueden equivaler a crímenes contra la humanidad”, añadió la organización internacional.
La ONU y catorce misiones diplomáticas, entre otros, han presionado a las autoridades birmanas para que abran la zona a la ayuda humanitaria y a observadores independientes.
El Gobierno de Suu Kyi ha negado las acusaciones y ha sostenido que la actuación de las fuerzas de seguridad se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley.
De momento, el Ejecutivo creó una comisión investigadora dirigida por primer vicepresidente del país, el exgeneral Myint Swe, que desestimó las denuncias de abusos y defendió la legalidad de las acciones de las fuerzas de seguridad.
Al menos un millón de rohinyás viven en Rakáin, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 ruaingás confinados en 67 campos de desplazados.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a esta etnia, les tratan como inmigrantes bengalíes y les imponen múltiples restricciones, incluida la restricción de movimientos.
En la vecina Bangladesh, país del que proceden las primeras comunidades de la etnia, los rohinyás también son tratados como extranjeros.
